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Al revisar -desde la perspectiva del Patrimonio Cultural- las Propuestas de Ley de Patrimonio y Ley de Integración Social y Urbana que ha ingresado el Gobierno al Parlamento, ha llevado a una gran cantidad de organizaciones muy diversas a hacer críticas muy fuertes, al punto de plantear muchas de ellas que es mejor retirar ambas propuestas.
Sin embargo, estas voces críticas han sido poco escuchadas o han sido poco valoradas.
Ley de Integración Social y Urbana
Lo más grave –desde Cultura y Patrimonio- de la Ley de Integración Social y Urbana es que pondría a esta ley y al Seremi de Vivienda de turno por sobre los planes reguladores aprobados a nivel municipal (luego de procesos participativos), la autoridad de alcaldes y concejales, y por sobre la Ley de Patrimonio.
Vale la pena mencionar que hubo una moción para dejar fuera de esta Ley, es decir excluir en forma expresa, a los barrios protegidos por sus valores patrimoniales. Fue rechazada.
En síntesis, lo que ha costado años de trabajo y lucha para obtener ciertas normas comunes para un barrio, o los largos procesos para proteger determinados monumentos o zonas, un Seremi lo puede “vulnerar” apelando a lo que sería esta nueva “Ley de Integración”, que no define qué entiende por integración social y urbana ni fija condiciones mínimas a quienes se acojan a esta ley.
En otras palabras, la Ley de Integración Social y Urbana es una puerta abierta a las inmobiliarias para hacer negocios sin respetar el Patrimonio.
La Ley de Patrimonio
Este proyecto de ley tiene más problemas que el proyecto de Ley de Integración Social y Urbana, al punto de unir en un frente común a todos los sindicatos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, al Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile, el Colegio de Antropólogos, el Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales y un largo etc.
Con esta ley, los gobiernos de turno podrán quitarle la protección como Patrimonio a lo que quieran, sin contrapeso alguno. Esta Ley no sólo no incorpora a los Pueblos Indígenas, no menciona la Artesanía y, si bien dice incluir al Patrimonio Inmaterial, en la práctica sólo le da un cupo en el Consejo Nacional de Patrimonio y va a crear un registro.
Esta ley, como la anterior, es una puerta abierta desafectar Patrimonio protegido y, al mismo tiempo, hace mucho más burocráticos los procesos para proteger Patrimonio Cultural.
Se buscan Parlamentarios
Frente a la gravedad que para el Patrimonio pueden significar estos proyectos, para encontrar parlamentarios que voten a favor de ellas sólo puedo llegar a las siguientes alternativas (aunque en algunos casos pueden ser complementarias):
1-Parlamentarios tontos
Parlamentarios bien intencionados que, seducidos por los títulos de las propuestas y voces (mal) intensiondas, creen de buena fe que éstas son buenas y servirán para proteger el Patrimonio y para tener mejores barrios, incluidos los protegidos por su valor cultural.
2- Parlamentarios corruptos
Espero que en este grupo, puesto por razones de lógica de probabilidades, no haya ningún representante de la ciudadanía. Serían aquellos que ven en estas propuestas una puerta abierta para que las inmobiliarias hagan grandes negocios a costa de barrios y del Patrimonio. Podrían ser aquellos que deben favores, que recibieron aportes o directamente tienen intereses (y no se inhabilitaron).
3- Parlamentarios sin interés en el Patrimonio
En un país que no se destaca por proteger su Patrimonio, donde la Cultura es el penúltimo tema de la lista en las Cuentas Presidenciales y al que menos tiempo se le destina, con un presupuesto público que bordea el 0,5%, no es raro que a muchos parlamentarios no le interese el tema o sólo de “la boca para afuera”, para ser “políticamente correcto” y poco más.
4- Parlamentarios sin interés en las comunidades
Detrás de un Patrimonio Cultural, de un Barrio Patrimonial, hay comunidades que basan parte importante de su identidad en él. En general son comunidades pequeñas..
En concreto, son comunidades que manejan pocos votos, porque no han logrado que sus vecinos antepongan el Patrimonio a otras variables y prioridades al momento de votar.
En concreto, significan poco –en términos electorales- para la mayoría de los parlamentarios.
5- Bono: parlamentarios que votan alineados por su bloque
Estos, en realidad, representan una mezcla de algunos puntos anteriores.
Primero, tienen algo de corruptos al votar no representando a sus electores y sus propias creencias sino por lo que les mandan el partido, para poder mantener así el paraguas de su colectividad.
También tienen algo de tontos, porque no pueden o dejan de pensar por si mismos para dejar que su partido o bloque lo haga por ellos.
Lo anterior, obviamente, implica no valorar las comunidades, menos el patrimonio.
Después de esta elucubración, la pregunta clave es la siguiente:
¿Cuántos parlamentarios –diputados y senadores- tendrá el gobierno para aprobar estas dos -malas para el patrimonio, excelentes para las inmobiliarias- propuestas de Ley?