Defendamos la ciudad

El Colegio de Arquitectos entregó a la Contraloría un completo informe sobre el polémico centro comercial Paseo Chiloé, para que investigue una serie de irregularidades e incumplimientos en la tramitación y ejecución del proyecto de la empresa Tenglo, ex Pasmar.

Según la presidenta de la Comisión de Patrimonio del colegio, Marjolaine Neely, el informe técnico de seis páginas, elaborado por la delegación en Chiloé, da cuenta de varias irregularidades desde que se otorga el primero de los dos permisos de edificación.

“Se cometen irregularidades en las solicitudes de los permisos, en el otorgamiento del primer permiso, se modifica el plan regulador para darle cabida a este mall también de manera irregular y, en algunos aspectos, también se vulnera la ley en el otorgamiento de los permisos del mall”, aseguró Neely.

La arquitecta explicó que la situación más extrema sería que la Contraloría determinara que hay que derogar los permisos por estar mal entregados sobre vacíos legales, o bien, que se sancione a los funcionaros que otorgaron las aprobaciones.

Mientras esto ocurría en Santiago, en Puerto Montt se realizó una reunión entre representantes del Colegio de Arquitectos, organizaciones de Castro y el intendente de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, para proponerle una solución al proyecto.

Marjolaine Neely se refirió, además, al acuerdo extrajudicial entre la municipalidad y la empresa asegurando que es ilegal puesto que no corresponde que el municipio actúe de manera unilateral perdonando que se aplique la legislación vigente.

En dicho contrato de transacción, dado a conocer públicamente el pasado fin de semana, la Municipalidad de Castro se compromete a dejar sin efecto las denuncias por las irregularidades en la construcción mientras no supere los 28, 2 metros de altura-superior a la cifra original- y se comprometa a incluir una sala de cine.

En este sentido, Patricio Hermann, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, recalcó que esta situación motivó una nueva presentación de la organización ante la Contraloría, el pasado lunes.

“El último documento que entregamos es el contrato de transacción, que es una burla, un intento de blanquear todo, un deseo de crear impunidad. Se violó el artículo 86 de la Ley Orgánica Constitucional de municipalidades, porque no se obtuvo la mayoría absoluta para firmar ese contrato de transacción, o sea, ese contrato es ilegal, no produce ningún efecto”, afirmó el dirigente.

Herman manifestó que como fundación han realizado todo lo que hay que hacer para que se demuela lo que se ha construido irregularmente y se sancione a los funcionarios públicos que, por acciones u omisiones, han contribuido a esta serie de desaciertos.

El presidente de Defendamos la Ciudad manifestó su confianza en que sea finalmente el Ministerio Público el que asuma un rol preponderante en esta investigación ya que no sólo habría, a su juicio, responsabilidades administrativas sino también penales.