18 Noviembre 2020

El otro flanco de Longueira

El proyecto inmobiliario que se cruza en su intento por recuperar la presidencia de la UDI

Chaguay se llama el negocio de 142 parcelas en Lo Barnechea, que se construye sin ninguna autorización para proyecto habitacional y es, hasta ahora, una "subdivisión agrícola" en un área de protección ecológica, impulsada por una inmobiliaria en la que el exsenador gremialista es socio y en la cual ha trabajado como ingeniero y lobbista. Los intereses del "excoronel" de la UDI –que está disputando la presidencia de su partido– se cruzan con los del alcalde Cristóbal Lira (también UDI), quien aprovecha el conflicto ambiental para ponerse en el bando de los vecinos que se oponen al proyecto y, de esta manera, conseguir votos para su reelección, un escenario que no le gusta a su antecesor, el actual intendente Felipe Guevara (RN).

Una meseta de 400 hectáreas con bosque nativo, matorrales esclerófilos y senderos para caminatas o ciclismo en la precordillera. Un plan de conservación con estándar internacional, que incluye la plantación de 14 mil árboles originarios. Todo conectado con Los Trapenses, a 20 minutos del camino Juan Pablo II en Lo Barnechea. Esa es la promesa del proyecto Chaguay: 142 parcelas que cuestan entre 200 y 600 millones de pesos. Técnicamente, se llama Subdivisión Agrícola Chaguay, según los folletos en Internet de la inmobiliaria IMAS, que vende el proyecto.

En julio de este año –a través de una videoconferencia– el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, se reunió con cuatro representantes de Desarrollo Inmobiliario SpA, la sociedad formada para impulsar este proyecto inmobiliario, encabezados por Gonzalo Cubillos Prieto, abogado del estudio Cubillos Evans. En la reunión, los representantes de la empresa intentaron convencer a Lira de que el proyecto cumplía con todas las exigencias y era un modelo de conservación ambiental. En octubre de 2019, la administración comunal anterior, encabezada por el actual intendente Felipe Guevara, había presentado una petición a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para que definiera si el proyecto Chaguay requería de una Resolución de Calificación Ambiental.

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