03 Agosto 2005
Diario de la Cámara:

Recursos Naturales inicia investigación por extracción de áridos en Río Mapocho

El problema fue expuesto a los diputados por canalistas y la agrupación "Defendamos la Ciudad". En la foto, Patricio Herman, director de la organización ambiental, junto a la SEREMI de Vivienda, Verónica Serrano.

La comisión de Recursos Naturales, que preside el diputado Leopoldo Sánchez, recibió los antecedentes aportados por los canalistas del Canal Alto Esperanza de Padre Hurtado. Los agricultores explicaron el daño ambiental, económico y social que enfrentan debido a la extracción de áridos que realiza la empresa Aridos Maipú, que les ha impedido contar con agua para riego debido al desvío del cauce del río. Patricio Herman señaló que no hay autoridades que hayan asumido su responsabilidad por la falta de fiscalización a este proceso, que calificó de "ilegal", por cuanto se está interviniendo un bien de uso público. Multas Sostuvo el directivo que por parte de CONAMA hay un reconocimiento de que se trata de una actividad irregular, ya que no se han cumplido las exigencias impuestas por la autoridad regional al momento de otorgar el permiso de calificación ambiental. Estas faltas han implicado que se cursen cuatro multas a la empresa, por un monto total de 1.300 UTM (unos 39 millones de pesos). Las obligaciones de CONAMA estaban orientadas a garantizar el acceso de agua a los canalistas. Sin embargo, la autoridad ha argumentado que carece de atribuciones para adoptar nuevas medidas. Al respecto, el diputado Sánchez dijo que CONAMA debería retirar el permiso de calificación ambiental y explicó que la comisión -en calidad de investigadora por el proyecto de acuerdo N° 547 del 20 de abril pasado-, espera determinar las responsabilidades de los servicios públicos en este hecho. Aunque no quiso individualizar a los posibles responsables, sostuvo el diputado que hay más de un servicio involucrado. Destino de terrenos La comisión también revisó junto a la SEREMI de Vivienda de la Región Metropolitana, Verónica Serrano, el problema que implica la existencia de cerca de 700 hectáreas de extracción de áridos en las zonas urbanas de la capital, principalmente en las comunas de La Florida y Puente Alto, las cuales, según el plan regulador, deberían corresponder a áreas verdes. Dichos terrenos se han constituido en un grave peligro para los habitantes de la ciudad, ya que en muchos lugares existen poblaciones a menos de 2 metros de distancia de los pozos. La autoridad habría informado que está en estudio las posibles medidas que incentiven a los privados -dueños de estos terrenos- a buscar una reutilización de éstos. Finalmente la comisión también escuchó al presidente de la Asociación de Productores Agrícolas del Valle del Chacabuco, Jaime Maturana, quien presentó las aprehensiones que tienen frente al proyecto de instalar en dicha zona una empresa de recuperación de metales. Esta industria podría poner en riesgo el destino de la producción agrícola de exportación ante una eventual contaminación de la zona. Al respecto el diputado Sánchez informó que la CONAMA se encuentra evaluando la autorización para instalar dicha empresa y la posibilidad de trasladar el proyecto a otro lugar. Martes 2 de agosto de 2005 . editor: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Comunicado de Prensa: Nuevo atentado al medio ambiente amparado por la institucionalidad. El lunes 1º de agosto de 2005 en el Palacio Ariztía inició su trabajo una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la cual indagará porqué diversas autoridades sectoriales no fiscalizaron una actividad extractora de áridos en la caja del río Mapocho, la que ocasionó depredación territorial y daño ambiental en 770 hectáreas en el Valle de Padre Hurtado como también pérdida patrimonial a 137 pequeños agricultores regantes del Canal Alto La Esperanza y 800 plazas de mano de obra que incrementan la cesantía en esa zona rural. Lo anterior es consecuencia directa de la inacción del Estado que permitió inexplicablemente la devastación de la caja del río Mapocho, bien nacional de uso público, por la ilegal extracción de áridos en la zona de la Rinconada de Maipú. Además del incumplimiento de la "Resolución de Calificación Ambiental" de la Corema metropolitana por parte de la empresa Áridos Maipú S.A., la que, sin autorización de ninguna dependencia pública y con precaria técnica, se introdujo en la caja del río Mapocho, con el propósito de extraer áridos, en circunstancias que la Resolución aludida permitía exclusivamente operar en su propiedad aledaña al río Mapocho. El desastre ambiental se produjo por el rebaje del sello del cauce en 9 metros de profundidad ocasionando la destrucción de la bocatoma del canal agrícola denominado Canal Alto La Esperanza de Padre Hurtado, impidiendo la captación de los derechos de agua de todos los pequeños usuarios agrícolas en producción. En la primera sesión de la Comisión, presidida por el diputado Leopoldo Sánchez, intervinieron José Urrestarazu, representante de los agricultores perjudicados, Patricio Herman de la Agrupación “Defendamos la Ciudad”, Manuel Díaz de Valdés, concejal de Padre Hurtado en representación del respectivo Concejo Municipal y Fernando Peralta, presidente de la Confederación de Canalistas de Chile. Urrestarazu en su presentación en multimedia demostró fehacientemente la falta de servicio de los organismos competentes y Peralta sostuvo que la ley vigente permite evitar estas catástrofes pero que el exceso de intervinientes diluye la actividad de control. Herman por su parte fue más elocuente al expresar que el drama de Chile es que existiendo una adecuada y bien redactada legislación ambiental, los servicios públicos sectoriales se coluden para no fiscalizar cuando los titulares de los proyectos son personas influyentes. Finalmente el concejal Díaz de Valdés expresó la enorme preocupación del municipio de Padre Hurtado, ante estos luctuosos hechos no fiscalizados por la Municipalidad de Maipú, su vecina, de quien heredará esta inconfortable situación, ante la impasividad del Consejo de Defensa del Estado, organismo que conoce la ilegalidad y que no ha ejercido las acciones legales respectivas solicitadas por el Alcalde de Padre Hurtado. Depto. de Comunicaciones “Defendamos la Ciudad” 2330321-09/2585459 www.defendamoslaciudad.cl




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