07 Agosto 2006
Defendamos la Ciudad:

A través de la prensa, asociación inmobiliaria juzga insolentemente a la Contraloría General de la República

Con el título "Permisos de construcción" se publicó el sábado 5 de Agosto pasado en El Mercurio una carta firmada por los dirigentes de una asociación gremial inmobiliaria, en la cual se critica sin base la labor de fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República, porque en algunos casos ha debido invalidar permisos de edificación denunciados a ella por, entre otros, nuestra agrupación ciudadana.

Con el propósito de dejar en mal pié el quehacer del ente contralor dan como ejemplo un reciente fallo de la tercera sala de la Corte Suprema que validó el cambio de uso de suelo del área verde Estadio Santa Rosa de Las Condes, cuyos actos administrativos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo y de la Municipalidad de Las Condes habían sido objetados por la Contraloría. Ahora bien, los suscriptores de la carta no se refieren a los diversos casos en que los tribunales de justicia han compartido los dictámenes de la Contraloría, con ocasión de recursos de protección presentados por particulares afectados por aquellos. Esa omisión es lógica, desde el punto de vista de sus campañas comunicacionales. Tal asociación empresarial tiene la obligación de promover sus intereses corporativos, así como nosotros voluntariamente, a solicitud de grupos de vecinos, objetamos los permisos que vulneran sus derechos urbanos y consecuentemente los marcos regulatorios que la autoridad se ha dado. Los señores inmobiliarios también evitan aclarar que en los casos denunciados en la Contraloría, las propias constructoras hacen valer en esa instancia sus puntos de vista y sólo cuando no son acogidos, recurren ante los tribunales. Es decir, critican al organismo público más probo del país y a pesar de ello, se dirigen a él en las etapas de las indagaciones. Cuando sus dictámenos les son contrarios, ponen el grito en el cielo. La Constitución y la ley le entregan atribuciones a la Contraloría para que haga imperar el derecho en todos los actos administrativos del poder ejecutivo y de las municipalidades. Estamos conscientes que el poder judicial puede revocar las resoluciones de aquella y hasta la fecha los tribunales, en la mayoría de las ocasiones, las ha respaldado. Por lo tanto, dejemos que las instituciones funcionen y para evitar los conflictos en la ciudad, le proponemos al sector inmobiliario que se inhiba de actuar con tanta "habilidad interpretativa" en el momento de solicitar sus permisos de construcción. Atte, Patricio Herman P. Agrupación "Defendamos la Ciudad"




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