04 Julio 2005
La Segunda

Vecinos alzan la voz y activan cuatro focos de conflictos urbanos

Irreverentes, desconfiados de la autoridad, buscadores de nuevas formas de presión, mediáticos, y cada vez mas convencidos de que la unión hace la fuerza, aunque el problema no esté en su barrio. Es el perfil que se advierte en la organización de los vecinos movilizados contra proyectos o decisiones que afectan sus intereses. Porque a pesar de que este tipo de conflictos tiene historia en Santiago, lo nuevo está en la forma como asumen la acción ciudadana, pareciéndose cada vez más al activismo de las ciudades más desarrolladas.

Ya sea en Vitacura en contra de más torres en Escrivá de Balaguer; o en Providencia defendiendo la armonía de la Plaza Las Lilas, en Pocuro denunciando la pérdida de espacios verdes a manos de un megaproyecto o defendiendo Pedro de Valdivia Norte de túneles que cruzarán el cerro San Cristóbal. En estos conflictos urbanos, los vecinos hacen gala de mayor potencia y coordinación en una red cada vez mas estrecha. Conspicuos - muchos de ellos- han forjado lazos con críticos per Por Jorge Isla Escrivá de Balaguer: Primera victoria Escenario permanente de conflictos entre residentes que cuidan su calidad de vida y el apetito de las inmobiliarias, Vitacura ahora tiene la polémica instalada en el tranquilo sector de Escrivá de Balaguer, entre la rotonda Carol Urzúa y el Club de Polo. Una propuesta de cambio al plan regulador busca autorizar la construcción de edificios en altura en todo el frente de la avenida, abriendo así la puerta a la irrupción de edificios de entre 10 y 12 pisos. Las líneas que amenazan con marcar un antes y un después en el perfil de este barrio, y también dividió los intereses de los vecinos en tres grupos: los dueños de casas con frente a Escrivá de Balaguer - impulsores del cambio argumentando impactos negativos por el desarrollo comercial de la vía- , los propietarios ubicados en la otra mitad de la manzana que pidieron - y lograron- sumar la vereda sur del el eje Las Encinas-Dr. Alfredo Almeyda, a la reforma; y finalmente el resto cuyas propiedades quedaron fuera de esta reforma. La controversia se hizo pública a inicios de junio y los fuegos cruzados fueron creciendo en intensidad con cuestionamientos a la actuación del municipio. Ese era el escenario hasta el miércoles pasado, cuando los vecinos "excluidos" se reunieron con el Concejo Municipal y se anotaron una victoria importante al lograr la incorporación de su propuesta a la discusión. Dicho de otra manera, ampliaron la posibilidad de cambio a su sector. "Se acordó trabajar en un proyecto de consenso, que nosotros vemos para todo el barrio con un concepto urbanístico y no con la premisa de un negocio", indica Gonzalo Benavente, que encabeza el Comité pro Defensa del Barrio Escrivá- Oriente. La discusión quedó congelada hasta que ingresen su propuesta, cuya elaboración quedó en manos de Jorge Swinburn y Santiago Ortúzar. Benavente deja claro los márgenes en los que están dispuestos una mayor densidad. "Estamos de acuerdo con un altura promedio de 5 pisos, como es el caso de los proyectos de 4 pisos más mansarda levantados en Manquehue, o los edificios de 6 pisos con zócalo en Jardín del Este, que son soluciones armónicas". Así se abrió una nueva fase en este tema que hasta el miércoles prometía terminar antes de fin de año, y que ha dado origen a ofertas por casas en la primera línea de Escrivá de Balaguer en niveles de 24 UF por metro cuadrado, muy por encima de las 14 UF promedio actuales, evidencia de la presión inmobiliaria en Vitacura. Ajeno a cualquier activismo, Benavente se puso al frente de esta causa cuando se enteró casualmente por una de sus vecinas de la transformación que venía al frente de su hogar. "Compré esta casa hace tres años sin saber que se estaba cocinando un proyecto de esta naturaleza. No tenemos confianza por la forma como se ha llevado el proceso, menos desde el minuto en que existen negocios de tal envergadura en juego", asevera este ingeniero civil que reunió 240 cartas de residentes manifestando su oposición al plan original. El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, sale al paso de las críticas. "Nadie va a poner en marcha una modificación sin consenso. Fue un grupo de vecinos el que solicitó una modificación al plano regulador comunal, y si tienen una propuesta, hay que analizarla en un proceso participativo y transparente. Y si no hay consenso, no se toca". Pocuro: Emplazamiento en Contraloría La iniciativa de dar destino inmobiliario a los terrenos de Aguas Andinas en el sector de la calle Pocuro desató otra polémica urbana en Providencia, esta vez con una guerra de versiones contradictorias sobre las actuaciones y objetivos de sus tres actores principales: ciudadanos, municipio y la propia compañía sanitaria. Para los vecinos organizados, el paño 7,7 hectáreas con frente a Antonio Varas, Pocuro y Marchant Pereira, es objeto de una coincidencia entre la municipalidad y la sanitaria para reconvertirlo en un futuro polo de edificios que densificarían radicalmente el sector.. "Aquí la gran razón del desarrollo urbano no es repoblar la ciudad, sino que dar curso a la especulación inmobiliaria", asevera Ramiro Insunza, arquitecto urbanista, cuya casa se ubica a metros de los límites de este predio. El edil Cristián Labbé refuta: "No promuevo el proyecto, lo que pasa es que nosotros no nos cerramos a discutirlo, que es distinto. No niego que me interesa ver el proyecto y cómo sacar algún beneficio para la comunidad.".Y añade un antecedente: que en un plazo de cuatro años la norma que afecta a esta propiedad como área verde perderá vigencia. "O sea, en esa fecha, el propietario de ese terreno podría hacer lo mismo, sin consultas y sin cederle nada a la autoridad". Aguas Andinas precisa que estos terrenos son de dominio privado y nunca han constituido o consolidado áreas verdes de uso público. Y que dado que en el 50% de su superficie no está previsto dar cabida a nueva infraestructura sanitaria, ésta tiene carácter prescindible, a partir de lo cual la compañía "presentó una proposición de desarrollo del predio, con usos de suelo que permiten dar cabida a infraestructura sanitaria, vivienda, áreas verdes y vialidad". Patricio Hermann, de Defendamos la Ciudad, argumenta que "la ley establece que las sanitarias deben dedicarse al giro exclusivo del agua, no pueden incursionar en negocios distintos". Apoyados en este y otros argumentos, Hermann y un grupo de vecinos planean llevar sus reparos a la Contraloría General de la República. " Tenemos la más absoluta certeza de que esta operación no va a ser posible", asevera. "Tienen todo el derecho de ir a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado, Yo, feliz que lo hagan, porque eso va a ir despejando las variables de accionar del municipio y de la legalidad de sus actos", replica Labbé. Pedro de Valdivia Norte: Preparando la vía judicial Los residentes de Pedro de Valdivia Norte se encuentran entre los mas fogueados del país en lo que a defensa de su barrio se refiere. Y con grandes puntos a favor, como la bullada oposición a la Costanera Norte que terminó cambiando su trazado al lecho del Río Mapocho. O la resistencia a los planes que rondan cada cierto tiempo para aumentar su densificación y altura. Pero la presión sobre este oasis residencial en medio de la ciudad es permanente, y los vecinos cambiaron los letreros de "No a la Costanera Norte" por un "No a los Túneles". Es que el proyecto que impulsa el consorcio hispano-alemán ACS Hochtieff iniciará en septiembre las obras de los viaductos por el San Cristóbal que comunicarán El Salto con las avenidas Kennedy y Santa María, impactando de lleno a sus principales vías, como son El Cerro y Los Conquistadores. Residente en el sector desde 1970, el empresario José Luis Moure - vicepresidente de la junta de vecinos- explica que ante la inminencia del proyecto y la ausencia de instancias de participación, el camino será la vía judicial. Tras perder un primer recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago a mediados de mayo, la junta de vecinos recurrió a la Corte Suprema, que debería pronunciarse este mes o en agosto a más tardar, gestiones que realiza un equipo de abogados encabezado por Juan Agustín Figueroa, residente en el barrio. "Si en esto nos va mal, tenemos pensados otros recursos. Y la organización Ciudad Viva presentó la semana pasada un recurso de protección en defensa del Parque Metropolitano ante la Corte de Apelaciones", indica Moure. Asevera que los vecinos están perjudicados por partida doble, tanto por el riesgo de pérdida en la calidad de vida como por el impacto negativo en su patrimonio."Los corredores de propiedades coinciden en que en el área donde saldrán los túneles - el sector de El Cerro y Los Conquistadores- el valor de las propiedades cayó hasta en 70%, transformándose en invendibles, y que el barrio en general ha bajado entre 20% y 25% como promedio. ¿Quién paga esta externalidad negativa? Nadie". Aquí la junta de vecinos está en sintonía con la Municipalidad que se opone de plano a la obra. "Hemos hecho todo lo que se ha podido, pero buscaremos la forma de mitigar o generar valor agregado a este proyecto, no nos damos por entregados", señala el edil Cristián Labbé. El objeto de las críticas es el Ministerio de Obras Públicas. "El proyecto parte en dos al barrio perjudicando a 1.400 familias y afectando 30 hectáreas del Parque Metropolitano. Y un proyecto de esta envergadura no se sometió al sistema de evaluación de impacto ambiental, donde hay participación garantizada. Aquí el MOP es juez y parte", acusa Moure. Como "veterano" de las contiendas por Costanera Norte - que partieron en 1995- cuenta como está evolucionando la conciencia ciudadana. "Cuando supimos lo de los túneles, la reacción de la gente fue instantánea, nos organizamos, juntamos dinero, planificamos una campaña publicitaria y contratamos algunos profesionales. También nos hemos coordinado con grupos ciudadanos que también enfrentan abusos de la autoridad y con organizaciones como Ciudad Viva Estamos luchando contra la misma autoridad que se cree dueña de la verdad". Plaza Las Lilas: Epicentro de las movilizaciones El sector de Eliodoro Yañez y El Bosque Sur es considerado como la quinta esencia del estilo de vida de Providencia. Por eso es que el proyecto de construir en altura en una manzana frente a la plaza Las Lilas la convirtió en el epicentro de los movimientos de defensa de la ciudad. Velatones y cadenas humanas rodeando la manzana amenazada con la construcción de un inmueble de 20 pisos forman parte de las actividades periódicas que se realizan cada semana. Con todo, entre los vecinos y activistas existe conciencia de que se trata de acciones de carácter testimonial, porque el proyecto que se emplazará en la manzana donde ha estado el tradicional cine Las Lilas, cumple plenamente con la normativa vigente, por lo cual no existen argumentos para frenar la iniciativa de Empresas Penta. "Legalmente no tenemos nada que hacer, pero legítimamente, tenemos todo el derecho a patalear', explica Ricardo Cociña, vecino que está al frente de las actividades de denuncia y presión de "Defendamos la Plaza Las Lilas". "Este barrio tiene un promedio de tres alturas y quieren poner una torre de 20 pisos, que implica romper absolutamente su armonía", argumenta, aclarando que no los anima una oposición cerrada a cualquier proyecto. "Se puede crecer, pero de manera inteligente, y no densificando Providencia de esta forma. No nos oponemos a que se construya, pero que se construya a la escala del barrio". Con ello, da las pistas de la etapa que viene: la búsqueda de un diálogo con la empresa. "Ahora estamos apostando a eso, a hablar con Penta. Los vecinos no nos oponemos a que se construya, sino que nos oponemos a grandes alturas y que se densifique demasiado. Y que se respete el pulmón que tenemos", indica Cociña. Los plazos apremian, ya que en el barrio aseguran que Penta ya completó la adquisición de todas las propiedades de la manzana, y que las últimas dos casas ya acordaron el precio de venta. Aunque tienen claro que el municipio no tenía argumentos para oponerse a la iniciativa, los críticos del proyecto esperaban una gestión más activa de mediación y búsqueda de alternativas. El alcalde Cristián Labbé reconoce que este proyecto no se habría aprobado en su altura propuesta en el marco del plano regulador comunal, pero que es plenamente legal de acuerdo a la normativa general. "El municipio tiene una visión de comuna, pero lamentablemente nos topamos con que la autoridad a nivel central no siempre reconoce eso, legisla a granel, e invalida las normas del plan regulador". En tanto, la Plaza Las Lilas convoca la atención y apoyo de otras agrupaciones y juntas de vecinos en problemas similares. Como las 13 entidades que el 18 de junio formaron la Coordinadora en Pro de los Derechos Urbanos, para trabajar mancomunadamente en los distintos barrios a partir de una estrategia común. ¿Qué panorama prefiere para asistir en familia los fines de semana en la ciudad? 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