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SEÑOR DIRECTOR
Recientemente tomamos nota del editorial del día sábado 29 de diciembre, titulado como estacarta, en el cual, habida cuenta de algunos dictámenes de la Contraloría, que han declarado como contrarios a derecho ciertos permisos de edificación por distintas razones, se propone como solución definitiva al problema “que las direcciones de obras sean reconocidas como la instancia técnica definitiva, y donde las controversias sean resueltas ante los tribunales, evitando que la Contraloría deba asumir roles jurisdiccionales”.
Está claro que la Contraloría no ejerce un rol jurisdiccional, sino tan solo desempeña una atribución administrativa que le encomienda su Ley 10.336, Orgánica Constitucional, siendo sus dictámenes e informes vinculantes para los servicios públicos que ella fiscaliza. Por otro lado, si los privados que se ven afectados por sus resoluciones, perfectamente pueden interponer recursos de protección ante los tribunales de justicia, quienes tienen la última palabra en cada controversia.
En la Justicia, quien asume la posición que ha expresado la Contraloría es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), y existen numerosos fallos de la Corte Suprema que han convalidado las resoluciones de la Contraloría.
No estamos de acuerdo con quitarle el rol fiscalizador que tiene la Contraloría, y el mejor remedio para que exista certeza jurídica en los permisos de edificación es que sus titulares respeten la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, estatutos de rango nacional, como las normas locales de los Planes Reguladores Comunales.
Fuente: https://www.latercera.com/opinion/noticia/contraloria-permisos-edificacion/468915/