Defendamos la ciudad

Nos molesta cuando algunos avispados actores particulares se pasan de listos, a través de rebuscadas interpretaciones leguleyas, para sacar ventajas en el mercado, lo que nosotros y todos los educados denominamos competencia desleal, que es una práctica incorrecta al dejarse en desmedro a los constructores que se ciñen a las regulaciones sectoriales. Dicho lo anterior, nos gustaría sobremanera que la CCHC reprendiera con publicidad a sus socios que se apartan de la sana competencia, lo que hasta ahora no ha hecho.

Con ocasión de nuestra columna “Providencia se parece a Ñuñoa en corrupción inmobiliaria” don Sergio Torretti, presidente en ejercicio de la CChC, asociación empresarial que consideramos, junto a la CPC y la Sofofa, como una importante e influyente institución privada del mercado, nos respondió en términos ciertamente comedidos, aunque se deslizó que faltábamos a la verdad, haciendo valer el exclusivo rol que ella ejerce dentro de la actividad de la construcción. Pedimos excusas a El Desconcierto y a la propia asociación gremial por la involuntaria dilación en publicar la presente nota, pues por motivos personales y familiares este columnista se encontraba fuera del país.

En todo caso dejamos en claro que cuando se habla de corrupción inmobiliaria ésta es cometida por actores privados, muchas veces coludidos con agentes públicos, y ello es absolutamente demostrable a la luz de infinitos dictámenes de la Contraloría General de la República y por contundentes y esclarecedores fallos de la máxima instancia del Poder Judicial, teniéndose presente que son muy pocas las situaciones ilegales detectadas por la ciudadanía que han merecido ser denunciadas ya sea en la Contraloría como en la Justicia. Ergo, hay muchísimos casos que “han pasado piola”.

La fundación Defendamos la Ciudad es una organización de la sociedad civil que busca el apego a la ley por parte de los distintos actores del legítimo negocio de la construcción, pues así se respetan los derechos urbanos de los diferentes barrios o sectores de las ciudades, los que están protegidos por las normas contenidas en los Planes Reguladores Comunales (PRC) y en tal sentido estamos orgullosos de la actividad de bien público que desarrollamos a nivel país.

Nos molesta cuando algunos avispados actores particulares se pasan de listos, a través de rebuscadas interpretaciones leguleyas, para sacar ventajas en el mercado, lo que nosotros y todos los educados denominamos competencia desleal, que es una práctica incorrecta al dejarse en desmedro a los constructores que se ciñen a las regulaciones sectoriales. Dicho lo anterior, nos gustaría sobremanera que la CCHC reprendiera con publicidad a sus socios que se apartan de la sana competencia, lo que hasta ahora no ha hecho. El gremio de la industria inmobiliaria tiene la noble tarea de impartir instrucciones a sus miles de asociados en el país para que rigurosamente todos ellos se atengan a las definiciones estatutarias que el Estado se ha dado para que ella funcione en igualdad de condiciones, pues solo así el sistema económico de libre mercado resulta beneficioso para la gran mayoría de la población.

En 2 ocasiones, a nuestra expresa solicitud, nos hemos reunido con directores y altos ejecutivos de la CCHC con el objeto de plantearles soluciones prácticas y legales respecto de hechos que se han ventilado en la prensa, siendo el más delicado el asociado a las reiteradas “equivocaciones” que cometen algunos arquitectos revisores independientes y también algunos directores de obras municipales al aplicarse los conos de sombra que generan los edificios en altura. Con ese “error” compartido se han levantados centenas de edificios con mayores volúmenes y alturas a las permitidas en la regulación ad hoc.

De esta manera esos inversionistas han vendido en el mercado miles de viviendas más que las admitidas, por lo tanto mejorando sustantivamente la rentabilidad de sus negocios. Por este solo motivo ya hemos interpuesto querellas criminales en los juzgados de garantía de Viña del Mar y Valparaíso, con lo cual queda de manifiesto que no esgrimimos teorías conspirativas inexistentes ni acusaciones sin ningún fundamento, como nos imputa el señor Torretti. Nuestro propósito es defender a las comunidades que nos solicitan asistencia y ello lo hacemos siempre con fundamentos pues nuestras acciones buscan el imperio del derecho.

Es indispensable el debate de ideas y por ello expresamos que los permisos de edificación tendrán certeza jurídica tan solo si cumplen con la normativa legal, ello por cuanto la CCHC desea que esos actos administrativos, por el hecho de que estén firmados por funcionarios municipales, sean considerados como intocables, es decir, que nadie pueda objetarlos ni en sede administrativa ni judicial. Los actos de la administración tienen una presunción de legalidad tal como lo establece la ley Nº 19.880 y en tal sentido, lo más sano y deseable es que ningún permiso sea objetado y para que ello suceda, el titular del permiso, haciendo abstracción de la codicia, deberá respetar el marco regulatorio.

El caso de la Municipalidad de Providencia, que generó la rápida respuesta de la CChC, es doblemente preocupante pues no solo su director de obras vulneró el artículo 2.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) al otorgar un permiso de edificación con mayor altura a la permitida, tal como lo dictaminó en 2 ocasiones la propia Contraloría, sino que ese funcionario para establecer un hecho ilegal consumado cursó la recepción final de obras, con lo cual los hipotéticos compradores de algunos de los departamentos del edificio tienen derechos adquiridos de buena fe.

Es más, nos tocó fiscalizar años atrás, a solicitud de una canal de televisión, el proyecto inmobiliario de la Universidad San Sebastián en la comuna de Recoleta, el cual también resultó ser ilegal porque las torres habitacionales superaban las alturas definidas en su PRC, luego violaban también el artículo 2.1.21 de la OGUC. La alcaldesa Evelyn Matthei, en correos electrónicos, debidamente respondidos, nos ha dicho que el episodio del párrafo anterior está respaldado por un artículo del PRC de Providencia y que, por lo tanto, apoya a su subordinado director de obras. Para darle luces a dicha alcaldesa, le sugerimos que conozca el oficio Nº 18 del 11/01/10 firmado por Paulina Saball, cuando ejercía el cargo de Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, contestándole al Contralor General Ramiro Mendoza acerca de las normas de menor rango de los PRC que colisionan con el aludido artículo 2.1.21 de la OGUC. Cuando lea ese documento vinculante se arrepentirá de proteger a ese funcionario.

Estamos seguros que la CChC hará esfuerzos para que el negocio inmobiliario no siga siendo estigmatizado por culpa de algunos de sus actores díscolos y como tenemos respeto por sus dirigentes gremiales estimamos que así será y desde ya nos ponemos a su disposición para analizar en conjunto situaciones que deben ser mejoradas en la Ley, su Ordenanza y en las disposiciones de los PRC para que progresivamente se vayan reduciendo los reclamos. Nuestra fundación no es la dueña de la verdad, pero con irrestricto apego a la probidad y a la transparencia todo es posible.

Fuente: http://www.eldesconcierto.cl/2018/06/17/replica-a-la-camara-chilena-de-la-construccion-cchc/