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En el transcurso del año 2014 existió una Comisión Asesora Presidencial denominada “Promovilidad Urbana”, bautizada equivocadamente por un medio de prensa de circulación nacional como “Anti taco”, la que estuvo presidida con singular acierto por el político Germán Correa.
Leyendo la prensa supimos que en la ciudad de México recientemente se llevó a cabo la 6ª Cumbre Bienal de Alcaldes integrantes del C40, interesados en reducir las emisiones de carbono en sus ciudades, en la cual intervinieron, entre otros, el activo y locuaz intendente Metropolitano, Claudio Orrego, y el ex alcalde de Nueva York, EEUU, Michael Bloomberg.
Como vemos, el comprobado cambio climático que genera un creciente calentamiento a escala global, el que es desconocido por el presidente electo Donald Trump, está produciendo reacciones no solo en los países desarrollados, sino también en nuestra angosta y larga faja de tierra.
En la C40 se acordó una hoja de ruta para cumplir con la meta del Acuerdo de la Cumbre del Clima de París de no exceder el aumento de la temperatura global en 1,5 grados centígrados. En dicha cumbre, los alcaldes de 86 ciudades han acordado un plan de cuatro años para reducir a la mitad las emisiones de carbono, con una financiación de 375.000 millones de dólares.
Los medios que abordan esta temática han reproducido las conclusiones de los expertos y en tal sentido el Summary for Policymakers of the 5th report del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), publicado en octubre de 2013 enuncia: “El calentamiento del sistema climático es inequívoco, y desde la década de los cincuenta, muchos de los cambios observados no tienen precedentes en decenas de miles de años. La atmósfera y los océanos se han calentado, las cantidades de hielo y nieve han disminuido, el nivel del mar ha aumentado, y las concentraciones de los gases de efecto invernadero han aumentado”, lo que se observa a través de las imágenes de la NASA.
Quienes producen los gases de efecto invernadero somos los seres humanos y un alto porcentaje de ellos provienen de la combustión de combustibles fósiles de los vehículos motorizados, de las fábricas y de la producción de electricidad derivada de plantas de tecnologías antiguas. El más nocivo es el dióxido de carbono (CO2), el metano arrojado de los vertederos y de la agricultura (especialmente de los sistemas digestivos de los animales que pastan), óxido nitroso de los fertilizantes y la pérdida de bosques es alarmante.
Conscientes de esta anómala situación los alcaldes de la muy contaminada ciudad de México, de París y de Madrid, ya han anunciado medidas concretas para atacar ese flagelo porque el mismo ha superado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por ello en esas urbes se prohibirá la circulación de los vehículos diésel a partir de 2020, formal compromiso adoptado en la mencionada Cumbre de alcaldes C40. Con anterioridad las autoridades de Finlandia ya había resuelto medidas similares para la ciudad de Helsinki.
La región metropolitana de Santiago, por la mala calidad del aire que tiene, lacra que produce 5.000 muertes al año, según estudios de una universidad privada con vocación pública, debe encuadrarse en la reglamentación de un Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) que se inició en el año 1998 con regulares resultados a la fecha, instrumento normativo que en la actualidad se está reformulando bajo la tutela del Ministerio de Medio Ambiente. Según este ministerio el gran causante de la contaminación en nuestra megalópolis es la leña que se utiliza para calefaccionar las viviendas, más aún cuando no está efectivamente seca y también los vehículos que utilizan diésel y gasolina, con el agravante de que el parque de éstos aumenta dramáticamente año tras año.
Pues bien, en el transcurso del año 2014 existió una Comisión Asesora Presidencial denominada “Promovilidad Urbana”, bautizada equivocadamente por un medio de prensa de circulación nacional como “Anti taco”, la que estuvo presidida con singular acierto por el político Germán Correa. Esta Comisión conformada por 26 sujetos, uno de los cuales era quien suscribe, fue creada por Decreto Supremo Nº 174 del 10 de junio de 2014, firmado por Michelle Bachelet y por Andrés Gómez-Lobo y su sano propósito era enfrentar racionalmente los desafíos del programa de gobierno en cuanto a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de las ciudades. Hubo 22 diálogos ciudadanos, efectivamente participativos, a través de todo el país.
El resultado de esa Comisión quedó reflejado en un bien diseñado libro el que, en una matinal ceremonia de enero de 2015, llevada a cabo en la cima del Parque Metropolitano San Cristóbal, se le entregó a la presidenta de la República. Su Excelencia se comprometió a leerlo con suma atención pues existían allí valiosas recomendaciones.
Volviendo al C40, los alcaldes se comprometieron a promover e impulsar el uso de vehículos eléctricos, de hidrógeno e híbridos para desplazar a los automóviles que utilizan combustibles fósiles, lo cual es de toda lógica y por ello recuerdo que en las reuniones de la Comisión de Promovilidad Urbana, llevadas a cabo en el Ministerio de Transportes, propuse que el gobierno chileno anunciara al mundo que en el plazo de unos 10 o 15 años se prohibiría en nuestro país la importación de automóviles contaminantes, ello como una muestra tangible de compromiso con la sustentabilidad. Argumenté que esa decisión sería imitada por otros países y ante ese aviso, las fábricas de automotores se iban a adecuar técnicamente a las nuevas condiciones, reduciéndose entonces los precios de los nuevos vehículos limpios.
La propuesta fue rechazada unánimemente por la Comisión, supongo porque una medida tan radical, aunque en línea con los nuevos tiempos que corren, no sería aceptada por los grupos económicos que se desenvuelven en el negocio de la importación de vehículos.