Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 26 de octubre de 2010. En la actualidad, un vecino de Providencia está reclamando airadamente a las autoridades municipales porque una constructora se introdujo en su propiedad, pero al no darse por aludidas las anteriores, el caso ahora está radicado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, institución que deberá impartir instrucciones a ese díscolo municipio. El boom inmobiliario está produciendo crecientes conflictos entre los titulares de los proyectos de edificación en altura y los vecinos que tienen la mala suerte de vivir en inmuebles de densidad baja -viviendas unifamiliares- inmediatos a dichos proyectos que requieren una excavación profunda. En efecto, recordemos que existen normas que obligan a construir estacionamientos para vehículos en proporción directa a la cantidad de metros cuadrados útiles disponibles en cada edificio, ya sea de oficinas o habitacional. Es decir, el proceso de densificación en algunas comunas de moda no sólo genera problemas en las vialidades adyacentes con los mayores flujos vehiculares, sino también, en muchas ocasiones, con el legítimo derecho de propiedad de los vecinos que han optado por continuar residiendo en sus barrios. En ciertas comunas del barrio alto de Santiago incluso se han llegado a eliminar los antejardines para aprovechar más eficientemente el subterráneo del terreno, ya que así disponen de luz natural las dependencias de los diversos tipos de equipamiento construidos bajo el nivel natural del suelo. Y ni hablar de las demoliciones de casas patrimoniales de valor arquitectónico: la picota de la modernidad ha sido implacable con esos vestigios de épocas pretéritas. La máxima en el mundo de los negocios inmobiliarios es aprovechar todas las ventajas disponibles, incluso interpretando abusivamente las normas, para aumentar la utilidad de cada proyecto, y si un arquitecto responsable se opone a los antojos del capitalista, este último simplemente lo cambia por otro profesional más obsecuente. Ahora bien, las constructoras de los nuevos edificios que requieren excavaciones más profundas, que tienen cinco o más niveles bajo tierra, para evitar un eventual deslizamiento de tierra a partir de los deslindes, han estado colocando bajo los predios vecinos decenas de anclajes postensados, inyectados en longitudes del orden de los 15 metros o más. Estos tirantes son sometidos a tensión para sostener los pilotes que permiten soportar la entibación (proceso que significa fortalecer con elementos sólidos las paredes de las excavaciones profundas que ofrecen riesgo de deslizamiento de tierra). Así se impide el desmoronamiento de tierra en su propia excavación. Pero esta técnica, buena para el constructor, en muchas ocasiones produce perjuicios en las estructuras de las viviendas en cuyo subsuelo se alojan los elementos sólidos a que hemos aludido. La Ley de Urbanismo y Construcciones, por razones más que obvias, carece de disposiciones que faculten a los directores de obras municipales para autorizar la ejecución de faenas subterráneas bajo las propiedades colindantes al proyecto de edificación que cuenta con el permiso respectivo. Por ello, la sana convivencia exige que, cuando sea necesaria la implementación de esta técnica, el constructor suscriba un acuerdo con el vecino, que lo podría autorizar para que utilice su subsuelo, donde el solicitante asume formalmente, con una boleta de garantía bancaria, los eventuales perjuicios que pudieran ocasionar sus obras de ingeniería en el terreno ajeno. Pero en nuestro país no siempre las cosas se hacen correctamente. En la mayoría de los casos, las constructoras se introducen con sus artefactos en los sitios vecinos sin que medie autorización alguna. Por ello existe infinidad de conflictos no resueltos administrativamente, ello por cuanto ha estado presente la lenidad en los funcionarios públicos, que se inhiben a la hora de aplicar las leyes: se niegan a amparar el derecho de propiedad de los más débiles. Es más, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conocedor de estas gravísimas anomalías, emitió una circular explicativa a todos los intervinientes en este sector productivo, mediante la cual enfatiza que tal invasión a los terrenos vecinos es improcedente. En la actualidad, un vecino de Providencia está reclamando airadamente a las autoridades municipales porque una constructora se introdujo en su propiedad, pero al no darse por aludidas las anteriores, el caso ahora está radicado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, institución que deberá impartir instrucciones a ese díscolo municipio. Es más, los profesionales probos que se dedican a la geotécnica, como el ingeniero Issa Kort, cuya especialidad es entibación y socalzados, ha dicho que en forma previa a tales obras en los subterráneos vecinos a la excavación, siempre se debe requerir autorización, pero que no todos los constructores tienen esos altos estándares de honestidad en sus desempeños y por ello los vulnerados en su derecho de propiedad, haciendo valer distintas disposiciones del Código Civil, se han visto en la necesidad de recargar con nuevas causas los ya atorados tribunales de justicia. A la luz de esta denuncia pública será posible que la Cámara de la Construcción instruya a sus asociados para que no sigan cometiendo estas tropelías y así se materialice en ese sector de la economía el consabido “do it the Chilean way”.