26 Marzo 2010

¿Quiénes pagan las demoliciones?

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 23 de marzo 2010.

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 23 de marzo 2010. Está claro que si no hubieran existido los cinco últimos grandes terremotos en nuestro país, con el de la madrugada del 27 de febrero pasado, que marcó cifras superiores en magnitud e intensidad, se habría derrumbado todo. En efecto, Chile es un país sísmico y la ocurrencia de los anteriores nos ha obligado a tener normativas bastante exigentes y rigurosas, las cuales son cumplidas mayormente por los profesionales que intervienen en los análisis de los suelos, en los cálculos de estructuras y en los materiales que se utilizan, sobre todo en la construcción de edificios en altura. Pero hay ciertos inconscientes empresarios inmobiliarios que, aprovechándose de la ausencia de efectiva fiscalización y control de parte del Estado y creyendo que las normas vigentes tienen un carácter meramente indicativo, levantan sus edificios ansiosos por reducir costos con el único propósito de mejorar las rentabilidades de sus negocios; por ello hemos visto cómo han colapsado varios edificios, incluso conjuntos habitacionales unifamiliares, en las zonas afectadas por la sacudida. A través del tiempo hemos sido obstinados críticos del laissez faire imperante en este sector de la economía, pero los poderes fácticos ligados a tal actividad productiva han sido más fructíferos en sus mensajes dirigidos a quienes toman las decisiones y, por ello, los servicios públicos están ausentes, permitiéndoles a los privados que hagan lo que deseen. Por ello, valoramos que el ingeniero civil estructural Alfonso Larraín, presidente de la asociación gremial del ramo, en entrevista publicada en la última edición de la revista El Sábado del diario El Mercurio haya reconocido las malas prácticas que se dan en la construcción. Ese competente profesional decía “uno no puede permitir que te digan bájale el fierro para que te lleves este trabajo” (sic) y reconocía que las inmobiliarias quieren vender sus edificios al más alto precio posible, y las constructoras, construirlos al menor costo, lo que es muy obvio en un sistema económico como el nuestro, que privilegia sólo el resultado de las ganancias privadas en el corto plazo. Pero con el terremoto, ahora los causantes de los colapsos tendrán que asumir sus comportamientos mercantiles, indemnizando a todos aquellos que creyeron en las bondades de los inmuebles ofrecidos. La falta de diligencia profesional se debe pagar y las víctimas tienen que ejercer sus legítimos derechos ante la instancia jurisdiccional. Los irresponsables inmobiliarios podrán alegar que sus edificios fueron evacuados debido a una fuerza mayor o caso fortuito, como seguramente expondrán sus abogados en los tribunales. Esperamos que el gobierno, defensor de la clase media, como decía su propaganda en la campaña electoral, se la jugará por todos aquellos quienes creyeron que iban a tener su casa propia. Ya hay decretos municipales de demolición de edificios cuyos moradores están viviendo de allegados y otros en carpas instaladas en la calle, como nos tocó observar el jueves 18 en la población Villa del Mar, conjunto de edificios de cuatro y cinco pisos comprados por el Serviu a la constructora Icafal y vendidos por ese organismo del Estado a compatriotas de escasos recursos del puerto de San Antonio: la empresa brilla por su ausencia. Ahora bien, en los casos de los edificios colapsados que se tendrán que demoler, con cierta dosis de frivolidad se dice que los propietarios de cada uno de los departamentos inhabitables tendrá que hacerse cargo de los costos de ese proceso, criterio infundado que rechazamos de plano, por tener además características abusivas con los más débiles. La ley respectiva es muy clara. Establece que en los casos en que las construcciones se hayan ejecutado violando las normas urbanísticas, que estén fuera de la línea de cierro, en bienes nacionales de uso público, que no ofrezcan las garantías de salubridad, seguridad o que amenacen ruina, se deberán demoler a expensas de su dueño, entendiéndose que las razones anteriores son de exclusiva responsabilidad de quien tiene el dominio del inmueble y, por lo tanto, está comprometido con esas circunstancias. Pero a pesar de lo explícita que es la ley, algunos le pretenden cargar la mano a los compradores de departamentos; es decir, a las víctimas de la imprevisión constructiva de otros. Todas aquellas familias que compraron sus viviendas de buena fe, creyendo candorosamente que las normas reglamentarias habían sido cumplidas por sus contrapartes, no les corresponde incurrir en el costo de la demolición, porque éste debe ser asumido por el causante de la ruina. Y si los socios de las inmobiliarias transfirieron sus patrimonios a terceros, se mantienen ocultos o se fueron del país, ese gasto se le debe adjudicar al municipio que otorgó la recepción final del edificio o, por último, al gobierno regional si la municipalidad aduce que carece de fondos. Por último, para que el mercado funcione bien necesita tener una señal por parte de la Cámara de la Construcción; en tal sentido, este ente corporativo debería expulsar con publicidad a todos sus socios que no se han comportado como auténticos empresarios.



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