Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Rodrigo Pizarro, Economista y Director de Fundación Terram. Resulta algo paradójico que en el día que agrupaciones de izquierda logran nominar a Jorge Arrate como abanderado de una nueva coalición, La Tercera dedicara el titular del domingo a otro candidato de izquierda. Aunque sería mucho decir que hay una operación política detrás del 'fenómeno' de la candidatura de Marco Enríquez-Ominami, no cabe duda que desde El Mercurio y La Tercera, así como de los partidos de derecha, exista interés en promoverlo. Así mismo, aunque aquellos que apoyan a Enríquez-Ominami se engañan si creen que efectivamente su nivel de adhesión va en ascenso, también la izquierda extra-parlamentaria se equivoca si piensa que Enríquez-Ominami no constituye un nuevo e interesante fenómeno político. La verdad es que tanto Arrate como Navarro, y especialmente Marco Enríquez, representan distintas sensibilidades de un proyecto de renovación de la izquierda que gracias a los gobiernos de la Concertación, y la estructura de poder de los partidos en el sistema político chileno, se ha mantenido inconclusa. Un nuevo proyecto de izquierda no puede construirse si no confluyen estas propuestas, ni tampoco son viables estas candidaturas solas. Pero una alternativa progresista no sólo requiere propuestas sino un nuevo proyecto ideológico. A mi juicio lo que une estas visiones y lo que debe constituirse en un nuevo proyecto alternativo progresista es una concepción muy distinta del poder que ha sostenido la izquierda hasta ahora. El concepto de poder que surge de la izquierda tradicional es una que visión anticuada que viene de la izquierda revolucionaria representada en el concepto de vanguardia de Lenin. Esta visión ve en el poder el instrumento esencial de cambio para una nueva sociedad. Por ello esta visión no busca alterar la estructurar de poder, sino monopolizarla. El propósito es loable, se busca capturar el poder para crear una sociedad mejor, el problema con esta visión es conocido, si bien el sistema logra proveer de una serie de derechos económicos y sociales, así como realizar enormes transformaciones fundamentales para el futuro desarrollo del país, es inviable pues lo hace a costa de la creación de la riqueza, y por sobre todo, la pérdida de derechos políticos e individuales. Pero el modelo neoliberal tampoco resuelve el problema del poder, pues la creación de riqueza conlleva la concentración económica que a su vez representa una nueva estructura de poder, tan o incluso más inequitativa que aquella del Estado hegemónico. En este caso el poder no sólo es coercitivo sino también culturalmente hegemónico. En Chile los casos recientes son casi patéticos. La falta de regulación en las farmacias permite una colusión que afecta directamente los derechos de la salud de las personas. El candidato presidencial de la derecha es una alternativa electoral casi exclusivamente por el poder económico que detenta. El duopolio en la prensa marca la agenda política, fijando la pauta no sólo a los políticos, sino al gobierno también. Pero en el caso de Chile, dada la estructura del sistema político tampoco el gobierno se encuentra libre de estos abusos. Los Chiledeportes son un tema menor en relación al autoritarismo y arbitrariedad con que funcionarios públicos ostentan el poder. El Ministro del Interior anuncia querellas cuando legítimamente se cuestiona los mecanismos de lista para la donación de órganos. El gobierno en unísono se declara indignado cuando se cuestiona el uso preferente de un helicóptero de Carabineros para llevar a la hija de otro Ministro al hospital. Ni siquiera se trata de la evidente inequidad en el trato, sino de que en Chile no se puede cuestionar a autoridades públicas sin que te caigan las penas del infierno. En consecuencia en Chile se encuentra la particularidad que el modelo económico social concentra el poder tanto en el centro económico como una elite política vinculada al mismo, lo que inmoviliza una agenda progresista. Pero quizás lo más grave es la naturaleza cultural hegemónica del poder económico que no sólo fija la agenda, sino anula cualquier discusión valórica moderna. El atraso en Chile en esta materia es inconsistente con el desarrollo económico y social de los años recientes, la discusión sobre el aborto y la sexualidad es bizantina, aún existen tabúes respecto a la homosexualidad, el suicidio asistido, la despenalización del uso de la marihuana, la sexualidad adolescente, entre otros. Todos estos temas tienen un atraso no sólo legislativo sino en el debate público. Las asimetrías en el poder son multidimensionales y se encuentran a todos los niveles. A nivel familiar explican la agresión intrafamiliar, a nivel comunal la marginalidad y criminalización, a nivel nacional la inequitativa distribución del ingreso. Más aún la depredación de los recursos naturales y la degradación ambiental es un reflejo de esa estructura de poder. Es decir, en la asimetría de poder se encuentra la base de la profundas inequidades e injusticias que existen en nuestro país. Pero lo grave es que el sistema político chileno, tanto en los partidos políticos como en el sistema presidencial, agudizan estas asimetrías. Por ello cualquier proyecto de izquierda alternativa debe comprender que su rol no es la captura del poder o su monopolio, sino su distribución más equitativa. En ese proyecto la izquierda encontrará no sólo la base de un desarrollo económico más justo y sustentable, sino también un sistema político más democrático, y por cierto el desarrollo de nuevos derechos que realicen la dignidad de la persona. Ningún proyecto de renovación de la izquierda es posible sino confluyen los tres sectores que apoyan las candidaturas respectiva de los tres candidatos presidenciales de izquierda, pero tampoco lo es sin la construcción de una nueva ideología progresista que entienda que la construcción de una sociedad más justa, democrática y sustentable pasa por un cambio sustancial en la distribución del poder en nuestro país.