Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 12 de diciembre de 2008. Entre otras cosas, se decía a la Mandataria que había que detener la aplicación de las políticas urbanas y medioambientales regidas sólo por el libre mercado y la especulación del suelo. El 24 de noviembre, 49 organizaciones civiles, asociaciones de arquitectos y académicos le entregaron una carta abierta a la Presidenta para alertarla sobre el sentido mercantilista del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de planificación urbana. Sobre la base de nuestro derecho de petición, consagrado en la Constitución, propusimos la conveniencia de retirar del Senado el proyecto para reformularlo con la impronta del desarrollo sustentable y con una efectiva participación democrática, en razón de que el Gobierno tiene un sello ciudadano. Entre otras cosas, se decía a la Mandataria que había que detener la aplicación de las políticas urbanas y medioambientales regidas sólo por el libre mercado y la especulación del suelo, porque además de ser contrarias a los deseos de la amplia mayoría del país, ellas están causando crecientes conflictos que alteran la sana convivencia. Se le solicitó que el Gobierno cumpliera los compromisos suscritos en el Protocolo de Santiago del XII Foro Iberoamericano de Ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano, realizado en 2007, donde se reconoció que el derecho a la ciudad y a las políticas integrales de desarrollo urbano son estratégicas y prioritarias para lograr la reducción de la pobreza y la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento. El presidente del Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos señaló a los medios en esa oportunidad que "la ausencia de una forma de participación efectiva, la pretendida eliminación del carácter territorial en lo pertinente a la planificación de los asentamientos humanos, la inconsistente y oscura presentación de los bonos transables del suelo, la falta de seguridad para un desarrollo ambientalmente sustentable, así como la evidente falta de garantías a un crecimiento equilibrado y armónico dentro y fuera de los límites urbanos, nos llevan a la decisión de rechazar estas modificaciones y al mismo tiempo, continuar trabajando, como Colegio, por la postulación de un nuevo documento consolidado participativo, que contenga a los estamentos pertinentes: las organizaciones vecinales, universitarias, profesionales, municipales y gremiales, en un nuevo espíritu y voluntad de los organismos estatales para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes". Lo anterior está relacionado con la reciente reunión en París donde se le entregó a los representantes chilenos Claudia Serrano y Carlos Álvarez el Estudio Territorial de Chile, elaborado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Este trabajo se refiere al proceso de descentralización de nuestras regiones y en esa cita se le renovó a nuestro país la calidad de miembro observante por dos años más en el Comité de Políticas de Desarrollo Territorial de esa organización internacional. La Subsecretaría de Desarrollo Regional es el organismo que está monitoreando esta materia y por lo que sabemos pareciera que esta institución y el Ministerio de Vivienda corren por carriles distintos, lo que debiera ser superado en breve por el bien de nuestra institucionalidad. En la carta le decíamos a la Presidenta que por concernir tan íntimamente a las formas de habitar las ciudades, el campo, las montañas, el desierto y los bordes costeros del país, así como por el derecho al sustento, a la preservación y al disfrute de las riquezas y bellezas naturales que brinda a todos el territorio patrio, era necesario que el proyecto de ley fuera consensuado para asegurar una legislación orientada al bien común. También decíamos que organizaciones sociales como las 49 firmantes tienen plena legitimidad para plantear sus puntos de vista. El 5 de diciembre pasado nos respondió Domingo Namuncura, asesor presidencial, expresando que el asunto lo iba a tomar el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, información que nos ha dejado satisfechos porque éste conoce bien el asunto y es una persona que sabe ponderar y resolver, más aún si sabemos que Chile tiene mucho interés en ser admitido en la OCDE.