Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 13 de agosto de 2008. Cuando son usados por una instancia técnica del Gobierno de modo automático son de conocimiento de la población, más aún cuando vivimos en un Estado democrático de derecho. El 4 de agosto pasado dimos a conocer a los medios de comunicación los análisis realizados en mayo de 2008 por las facultades de Arquitectura y Urbanismo de las universidades de Chile, Católica, Santiago y del Desarrollo respecto de la ciudad de Santiago. Estos documentos fueron preparados debido a una solicitud del intendente Álvaro Erazo para resolver el anteproyecto del Ministerio de Vivienda destinado a expandir una vez más la ya saturada área urbana de la Región Metropolitana. Decíamos que los académicos no estaban de acuerdo con esa propuesta ministerial por varias razones y afirmamos que tales documentos representaban una exhortación al Gobierno también constituían un grito de alerta a la población. Algunos pocos medios de prensa publicaron esta información y uno de ellos fue El Mercurio, diario que reprodujo ciertas frases que se encuentran contenidas en el análisis de estas entidades de estudios superiores. La Universidad de Chile aseveró, entre otras cosas: "El discurso sobre el ordenamiento del territorio y la planeación de nuestras ciudades están muy distantes de la praxis"; "es necesario un plan estratégico de la ciudad de Santiago que responda a una visión de desarrollo territorial de corto, mediano y largo plazo que cuente con una mirada integral y multisectorial, lo que implica, por ejemplo, que no se trata sólo de velar por el desarrollo inmobiliario privado". La Universidad de Santiago sentenció: "Las zonas elegidas para recibir los futuros crecimientos registran una alta vulnerabilidad a los desastres naturales"; "las zonas elegidas para recibir los futuros desarrollos carecen de infraestructura urbana que otorgue autonomía a los nuevos núcleos habitados"; "la falta de un programa económico que señale costos de obras de urbanización y plusvalías, debilita un programa de superficies de usos de suelo". La Universidad del Desarrollo dijo: "No conocemos los fundamentos y motivaciones que tuvo la seremi para realizar la propuesta"; "hace falta mayor soporte técnico y los estudios previos que avalen la propuesta"; "no se observa una imagen objetivo general, un orientador claro tanto para Santiago como para la totalidad de la región: no basta sólo con verificar cómo crece y para dónde crece la ciudad en los próximos 10 años". La Universidad Católica en sus conclusiones expresó: "La propuesta de modificación focaliza su intervención en fragmentos reducidos del territorio comprometido y lo aborda desde factores parciales de respuesta restringida"; "desde hoy y a futuro, las equivocaciones u omisiones cometidas en el ordenamiento territorial de la configuración metropolitana de Santiago no sólo mantendrán sino multiplicarán los graves problemas urbanos ya percibidos y enfrentados por su comunidad y sus autoridades". Ahora bien, esas universidades se molestaron porque dimos a conocer sus apreciaciones y en una carta publicada en El Mercurio criticaron nuestra forma de proceder llegando al insolente extremo de decir que "utilizamos mecanismos de obtención de información objetables" y que sus estudios eran preliminares, reservados y de propiedad de cada una de ellas (sic). Son preliminares, pero en ningún caso "reservados". Forman parte de las funciones públicas del Consejo Asesor de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional Metropolitano, ente colegiado, que se encuentra conformado por los consejeros regionales, quienes decidirán la materia en última instancia. Esas díscolas casas de estudios deben saber que nuestra fundación promueve el desarrollo urbano sustentable con un especial énfasis en la efectiva participación ciudadana en la generación de las políticas sectoriales y, por ello, en razón de la necesaria transparencia que debe existir en las actuaciones públicas informamos sobre esos instrumentos académicos para abrir en forma civilizada el debate sobre el crecimiento de Santiago. Si esas cuatro universidades, financiadas en cierta medida con recursos del Estado, hubieran preparado sus estudios para una inmobiliaria que desea hacer un pingüe negocio en cualquier sector de la ciudad, estamos de acuerdo en que sus documentos son privados y "reservados", pero cuando son usados por una instancia técnica del Gobierno de modo automático son de conocimiento de la población, más aún cuando en Chile vivimos en un Estado democrático de derecho. El secretismo es una lacra y por ello debemos erradicarlo. * Fundación Defendamos la Ciudad