Defendamos la ciudad

El Estado entregó una plusvalía al dueño de cerro. Otros obtuvieron permisos ilegales haciendo una ganancia y si la Contraloría no hubiera intervenido, una de las inmobiliarias ya habría rematado. La Nación, 31 de julio de 2008. Este cerro se encuentra en Vitacura y desde 1994, con la vigencia del PRMS, quedó definido como área verde en calidad de cerro isla con todas las limitaciones establecidas en ese instrumento urbanístico: entre otras, no se permite edificar viviendas y las actividades admitidas, que pueden ocupar 5% del suelo, deben asegurar la conformación natural del cerro. A partir de 1960, bajo la normativa del Plan Intercomunal de Santiago (PIS), esa zona se consideraba Reserva Forestal Suburbana y en 1974 formaba parte del Área de Protección de Ecosistemas Forestales Santiago Andino, mediante los decretos supremos 82 y 327 del Ministerio de Agricultura. Pero como en Chile existe manga ancha para sortear los marcos regulatorios, con el propósito de facilitarse los negocios inmobiliarios, un seremi de Vivienda "interpretó" que sólo a partir de la cota 900 del cerro el uso del suelo es área verde y de protección ecológica, es decir -suponemos para salvar las apariencias- en el espacio de la cima se prohibió la actividad inmobiliaria. De esta forma el sector de la construcción podía hacer lo que quisiera en el cerro y los hechos posteriores así lo confirman. A principios de enero de 2005 supimos de la edificación de varias moles de cemento en el cerro y por ello se lo hicimos saber a la nueva seremi de Vivienda, que después de haber consultado con el director de Obras de Vitacura concluyó que los innumerables permisos de edificación otorgados entre 1996 y 1998 por ese director no presentaban irregularidades, por lo que, a fines de 2005, denunciamos el hecho ante la Contraloría General de la República, órgano que después de un acabado análisis emitió un completo dictamen. Reproducimos lo más relevante: "La Dirección de Obras procedió a ampliar el plazo de vigencia de los anteproyectos que sirvieron de antecedente para la emisión de los permisos aludidos, pese a que en derecho público no resulta posible renovar o ampliar plazos de caducidad para el ejercicio o la conservación de determinadas acciones o derechos concedidos a los particulares, a falta de disposición expresa en tal sentido". En Vitacura se hizo lo mismo que en Las Condes para evitar la caducidad de anteproyectos de edificación. La Contraloría concluyó: "Con relación a las trasgresiones detectadas al ordenamiento jurídico por parte de la Dirección de Obras Municipales de Vitacura, cabe precisar que, atendido el tiempo transcurrido y el estado de la construcciones, no corresponde el ejercicio de la potestad invalidatoria por parte de dicho órgano, ya que el artículo 53 de la Ley 19.880 establece que la invalidación de un acto administrativo debe efectuarse dentro del plazo de dos años, contados desde la publicación o notificación del mismo, lo que no obsta a que los interesados puedan ejercer las acciones judiciales que estimen pertinentes". ¿Por qué hacemos este relato? En días recientes no hubo interesados en rematar en el precio mínimo de siete millones dólares una parte del cerro. Los vendedores, para justificar el precio, decían que el paño tenía un permiso de 18 edificios para 232 departamentos de lujo, viviendas que ocupan los nuevos ricos. Entendemos que las inmobiliarias top que adquirieron las bases de la licitación creyeron subido el precio mínimo, porque saben que los incluidos permisos de edificación son de alto riesgo, con lo que se demuestra que en el precio de un bien se internalizan todos los elementos que influyen en su determinación. En este episodio el Estado entregó graciosamente una plusvalía al dueño de cerro. Otros obtuvieron permisos ilegales haciendo una ganancia y si la Contraloría no hubiera intervenido, una de las inmobiliarias ya habría rematado.