28 Diciembre 2007

Costos colaterales del crecimiento inmobiliario

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad publicada en diario La Nación el 28 de diciembre de 2007.

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad publicada en diario La Nación el 28 de diciembre de 2007. Dada la enorme superficie construida es necesario disponer de 11 mil estacionamientos, como lo manda la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, pero Costanera Center dice que va a construir sólo 4 mil 500. En marzo de 2006 se iniciaron las construcciones del megaproyecto inmobiliario Costanera Center consistente en cuatro torres (una de ellas de 64 pisos: la más alta de Latinoamérica según algunos) y un centro comercial, con una inversión de 600 millones de dólares. Como en esa fecha no se contaba con permiso de edificación que considerara todas las características de la obra en ejecución, nuestra organización hizo una denuncia a la que se respondió con la afirmación de que el proyecto se amparaba en un permiso de 2001, que ampliaba y alteraba uno de 2000, que a su vez modificaba otro de 1991. Curiosa y extensa tramitación administrativa de quince años, que consideramos un nuevo récord Guinness para Chile. En junio de 2007, la Contraloría dictaminó que las obras no eran concordantes con los términos del permiso otorgado en 2001 por la Dirección de Obras de Providencia, pero que las faenas correspondían a un anteproyecto aprobado en 2006, el que no había dado lugar al permiso correspondiente. Es decir, el titular del proyecto, empresa que considera insignificante adscribirse a la legislación vigente, actuó como Pedro por su casa porque no le gustan las "trabas burocráticas". También la Contraloría le impartió instrucciones precisas a la municipalidad y le espetó que cuando se otorgara el permiso definitivo era necesario regularizar situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, como la cantidad de estacionamientos previstos en la obra, y los estudios de impacto vial y ambiental. El ente fiscalizador dio un plazo perentorio de diez días a ese municipio para que le informara sobre las medidas que iba a adoptar. Y ahí apareció el alcalde diciendo que el misterioso permiso existía y se había otorgado el 30 de marzo de 2007, lo que significa que la Contraloría no estaba al tanto de aquello. En todo caso, ese permiso que logramos conocer no es válido. Dada la enorme superficie construida que se contempla en el proyecto es necesario disponer de unos 11 mil estacionamientos para vehículos, como lo manda la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, pero Costanera Center dice que va a construir sólo 4 mil 500, que eran los aprobados en 2003, cuando el proyecto era sustantivamente más pequeño. Para no incomodar a ese simpático inversionista, el MOP está de acuerdo en que se reemplacen los estacionamientos faltantes por una solución de transporte público, lo que nos parece acertado en líneas generales, pero inaceptable cuando lea más adelante la "fórmula". Nos hemos impuesto por la prensa de que son muy amistosas las conversaciones entre ese ministerio y Paulmann para ampliar el Metro desde la Estación Tobalaba hasta el complejo comercial y ¡oh, sorpresa! la armonía ha llegado a niveles francamente desusados, porque se está pensando que el financiamiento de la extensión de la línea sería compartida. Es decir, ante la libre decisión de un actor privado de edificar centenas de miles de metros cuadrados para comercio el Estado, con fondos públicos, lo ayudaría a facilitarle las entradas/salidas de sus clientes. El ministro Eduardo Bitrán ha expresado que la ampliación del Metro a Costanera Center costaría unos 50 millones de dólares y el privado debería aportar escasos doce millones de dólares para construir la estación en su propiedad y el Metro, es decir, todos los contribuyentes, debería asumir el costo de la línea y el material rodante, que suman 38 millones de dólares. El representante de la Presidenta Michelle Bachelet manifestó que esta proporción es "justa y lógica" (sic) para evitar los entorpecimientos de los flujos peatonales y vehiculares en ese colapsado sector de la ciudad. Por nuestra parte, sostenemos que en un sistema de libre mercado cada actor económico se hace cargo de sus propias decisiones. Por ello, la solución del Metro debe ser asumida íntegramente por quien decidió levantar el magno complejo mercantil en la zona ya saturada de las avenidas Vitacura, Andrés Bello, El Bosque y Apoquindo, límite de las comunas de Providencia y Las Condes. Esperamos que esta vergonzosa experiencia sirva para que el Gobierno se atreva, de una vez por todas, a planificar el desarrollo de las ciudades.



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