Defendamos la ciudad

Por Patricio Herman P, de la Agrupación “Defendamos la Ciudad”, publicado en El Periodista, 28 de octubre de 2005 Solicitándoles a los lectores de esta columna que acepten por ahora la autorreferencia, tenemos la necesidad de informarles que el alcalde de Las Condes, samurái chilensis, con motivo del contundente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante el cual se declaró la ilegalidad de un permiso de construcción para un edificio emplazado en un pequeño terreno y dada la controversia generada, nos amenazó públicamente con una querella ante los tribunales porque el suscrito habría dicho en la radio Bio-Bío que las autoridades locales estaban coludidas con la inmobiliaria favorecida por esa municipalidad. Lo que manifesté en el programa radial fue que, atendidos los antecedentes y la inacción municipal para evitar el mal ocasionado, se podría estimar que hubo algún grado de irresponsabilidad de los concejales y alcalde, porque no ejercieron fiscalización alguna. Este caso fue dado a conocer en El Periodista y lo interesante de la sentencia es que ese alto tribunal consideró que los actos administrativos viciados no pueden incorporarse en el patrimonio de sus titulares como si fueran legales, patuda teoría de la Cámara de la Construcción, avalada por todos aquellos que impulsan el principio económico de los “hechos consumados”. Claro que aquellos conspicuos exponentes del establishment hablan pomposamente de “certeza jurídica” para referirse a los permisos -regulares o irregulares- que otorgan las direcciones de obras de las municipalidades. Nuestra agrupación ciudadana está fiscalizando estas materias desde 1997 y hemos detenido innumerables iniciativas comerciales fuera de normas en el ámbito del uso del suelo : por ello se nos desea silenciar. Parodiando al converso Lamarca, los grandes siempre se afilan a los débiles y por ello a los apitutados les costará mucho dejar la teta. Las más importantes asociaciones gremiales del sector productivo privado tratan de vender la pomada de la “Responsabilidad Social Empresarial” RSE), colocando elegantes avisos promocionales en los diarios de mayor tiraje y por otro lado nosotros observamos perplejos como el gremio de la construcción evita la autorregulación, materia esencial en la tan bullada RSE. Con esta jurisprudencia de los tribunales que ha significado anular ese permiso esperamos que el mercado reciba una contundente señal en orden a que lo mejor para la sociedad es que todas las inmobiliarias, sin excepción, se enmarquen en las normativas vigentes : así se acabarán los conflictos y se respetarán los derechos urbanos de los vecinos. Ahora bien, nosotros entendemos que ese alcalde nos esté amedrentando con el propósito de acallar nuestra acción fiscalizadora que tan buenos frutos está dando para el interés colectivo de la ciudad. Hay que tener presente que la amenaza ha sido invariablemente el proceder de las inmobiliarias en contra de los vecinos que se han opuesto a sus irregulares proyectos. El alcalde de la Maza tiene la obligación legal de decretar la demolición de ese edificio, entre otras razones, porque desde antes que se otorgara el permiso cuestionado, él y su Concejo Municipal sabían que era ilegal. A través de El Periodista, una vez más le exigimos a de la Maza que sea coherente con el comportamiento de los ortodoxos samuráis japoneses, ya que los pretendidos clones samuráis chilensis pareciera que aún están en un período de comprensión elemental del significado de esa expresión lingüística.