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En este mismo medio, Patricio Herman, plantea alternativas viables a la situación del terreno de Quilpué cuya usurpación y toma dio lugar al asesinato del empresario Alejandro Correa a manos de un sicario. La postura de Herman, desde nuestra perspectiva, se puede resumir en dos elementos: i) el desconocimiento de la normativa urbana por parte de la familia Correa y que haría inviable materializar la oferta de realizar en dicho terreno un verdadero proyecto habitacional de integración y ii) derivado de ello, validar la postura técnica y neutral del actual Ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes.
Nuestro argumento, sostiene que la posición de Herman es sólo una más dentro de quienes trabajamos en estudios urbano-habitacionales y políticas sociales, y, en ningún caso, el ideal considerando un análisis comprensivo de la compleja situación socio-territorial a la que nos enfrentamos. Parafraseando a Herman, esperamos expresar con claridad este argumento con el propósito que los y las lectoras puedan imaginar las implicaciones que tienen las decisiones y acciones de las actuales autoridades en la historia futura de este terreno.
El trabajo en Políticas Públicas se basa en el reconocimiento que la realidad social y también territorial son contingentes. Contingente puede ser una palabra extraña, pero ella busca expresar con fuerza que en el mundo social las cosas pueden ser de una manera como también de otra. No hay ninguna necesidad en el orden del mundo social a diferencia de lo que ocurre en el mundo natural. En este sentido los planes reguladores comunales (PRC) cambian, se transforman y muchas veces por intereses bastante más mezquinos que los involucrados en este caso. Los estudios de las Ciencias Políticas chilenas son fructíferos en destacar cómo algunos grupos sociales son capaces de movilizar la normativa y la institucionalidad hacia sus propios intereses y como ello dinamiza la relación que tenemos con lo que se entiende genéricamente como “lo público”.
En este contexto, plantear que la postura del ministro Montes se basa en una lectura técnica de la situación del terreno en cuestión, ya sea vinculada a la normativa territorial y a la calidad del suelo, es restringido e incluso algo ingenuo.
En este punto queremos ser claros, la lectura de la situación del terreno como un problema técnico y con una solución estrictamente judicial desconoce que aquí nos enfrentamos al inicio de lo que puede ser uno de los mayores problemas urbanos de la próxima década: la vinculación entre delincuencia, homicidio, mafias, tráfico de terreno y tomas de terreno. Esta peligrosa mezcla es algo nunca visto en la historia chilena y debe alertar a las autoridades. El aumento de la vivienda informal y las tomas de terreno necesita distinguir entre la búsqueda de un derecho social y formas abiertas de delincuencia. No podemos pensar que toda usurpación de terreno se inscribe en la historia de los movimientos de pobladores, la organización social de los campamientos, ni tampoco del derecho a la vivienda y la ciudad.
Por esta razón sostenemos es que la lectura que hace Patricio Herman en su columna siendo valida y necesaria, no es suficiente. El problema no es técnico, es político y lo que se demanda de las autoridades ministeriales no sólo es conocer esta diferencia sino actuar en consecuencia. Si en el terreno de la familia Correa no se puede construir viviendas bajo ninguna consideración, entonces la toma no debiera existir y debió ser desalojada por la propia seguridad de quienes allí buscan vivir. Esto no lo hizo la anterior administración, ni lo ha querido hacer la actual.
La resignificación de este lugar, desde un espacio manchado por la violencia y el homicidio, hacia un lugar de integración social y memoria, no es algo que debemos decidir técnicamente, sino en un espacio de diálogo, fundamentalmente, con la familia afectada. Chile y sus políticas públicas conocen de experiencias integradas y participativas para construir el territorio, de ellas requerimos, no para “conocer” el destino del terreno, sino para “construirlo”.