Defendamos la ciudad

Todos conocemos el episodio de las asignaciones directas, por parte de funcionarios del poder judicial, a una inmobiliaria para que ésta y sus coligadas construyeran edificaciones de juzgados en diferentes ciudades, asunto que se trató al interior de la Corte Suprema a raíz de una denuncia formulada por el ministro Sergio Muñoz. A esas empresas se le adjudicaron negocios por $63 mil millones en un cierto período de tiempo, lo que representaba el 83% de los proyectos que se edificaron con fondos públicos. La Corte Suprema ha sostenido que no hubo delitos en el trato privilegiado que se le dio a esas constructoras y que se trató de simples irregularidades administrativas que significaron sanciones en contra de los funcionarios que no procedieron con la debida probidad, razón por la cual fueron removidos de sus cargos. Ante tal decisión interna se optó por no entregar los antecedentes al Ministerio Público. Ahora bien, está claro que durante ciertas fechas se impidió que todas las constructoras que se desenvuelven en el mercado tuvieran la oportunidad de presentar sus propuestas técnicas y económicas en licitaciones públicas y abiertas, con lo cual, al haberse posibilitado una sana y libre competencia, el principal beneficiado habría sido el mandante de las obras y el propio interés fiscal, porque posiblemente el costo de las mismas podría haber sido de menor cuantía. Ya que la Fiscalía Nacional Económica (FNE), promotora de la libre competencia, está ejerciendo muy bien su cometido, el lunes 26 de diciembre pasado le solicitamos que interviniera, porque en este incidente se alteraron las reglas del juego, perjudicándose al resto de las constructoras. Le dijimos a la FNE que sus investigadores analizaran la situación, ya que es indispensable que los actores que se desenvuelven en los mercados se rijan por los principios de la integridad en los negocios, porque así se beneficia el interés público.