Defendamos la ciudad

La Corte Suprema decidió no entregar los antecedentes al Ministerio Público en razón a que esas anomalías inmobiliarias ya no se repetirán en el futuro y porque la colusión denunciada por el ministro Sergio Muñoz no estaba acreditada. Alguien que se desenvuelve al interior de la Corte Suprema entregó al canal de televisión CNN Chile una comprometedora grabación que, como era necesario, fue dada a conocer a la opinión pública, lo que disgustó a algunos y por ello se nominó a una ministra de ese cuerpo colegiado para que indague cómo ese audio llegó a las manos de los "intrusos" y "lenguaraces" periodistas. Gracias a ello escuchamos lo que hablaban altos magistrados acerca de asignaciones directas, es decir, sin licitación pública, a la Inmobiliaria El Vergel y empresas coligadas, para que construyeran innumerables edificaciones de juzgados a través del país. A estas empresas privadas se le adjudicaron negocios por 63 mil millones de pesos en un cierto período de tiempo, lo que representaba el 83% de los proyectos a edificarse con fondos públicos, lo que fue detectado al interior del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Como es lógico, en la actualidad hay bastante más diligencia y control en la asignación de ese tipo de obras. Se produjo un alto revuelo al conocerse el audio filtrado de la reunión del 3 de agosto de 2011, en la cual participaron 5 ministros, incluido su presidente, y ese Poder del Estado ha argumentado que sus propios cuerpos de control interno fueron muy efectivos en detectar el trato privilegiado a esas empresas regalonas, aclarando que no hubo delitos sino simples irregularidades administrativas que significaron sanciones en contra de los funcionarios que no procedieron con la debida probidad. Por lo anterior, decidieron no entregar los antecedentes al Ministerio Público en razón a que esas anomalías inmobiliarias ya no se repetirán en el futuro y porque la colusión denunciada por el ministro Sergio Muñoz no estaba acreditada. Ahora bien, independientemente de los dichos oficiales de la Corte Suprema, está claro que durante ciertas fechas se impidió que todas las constructoras e inmobiliarias que se desenvuelven en el mercado tuvieran la oportunidad de presentar sus propuestas en licitaciones públicas y abiertas, con lo cual, al haberse posibilitado una sana competencia, el principal beneficiado habría sido el mandante de las obras y el propio interés fiscal porque posiblemente el costo de las mismas podría haber sido de menor cuantía. Hasta ahora no hemos conocido la declaración pública de la Cámara Chilena de la Construcción reprochando esa indebida práctica comercial descubierta al interior en la Corte Suprema, ya que con ella se perjudicó a muchos socios de esa organización gremial empresarial. Con su silencio cómplice está avalando una de las tantas lacras del sistema económico de libre mercado, ya que en las asignaciones de negocios a dedo se produjo lo que se denomina asimetría en el manejo de la información, tan criticada por todos los promotores del mercado. Lo anterior no nos debe extrañar, ya que sabemos que en el ámbito de la construcción existen códigos de silencio para que sus diversas travesuras no sean conocidas por la ciudadanía. Por otro lado, sería interesante que la muy competente Fiscalía Nacional Económica, promotora y defensora acérrima de la verdadera libre competencia en todos los sectores de la economía, menos los regulados, tan activa en el último tiempo, de oficio investigara las razones por las cuales se alteraron las reglas del juego en este deplorable episodio mercantil. Delitos o errores administrativos, igual se transgredieron las correctas prácticas que se deben observar en el aparato del Estado respecto de las decisiones tomadas para que algunos selectos actores privados construyeran las edificaciones de los juzgados. Asociado a lo anterior, buscamos en el ciberespacio quienes son los socios de la Inmobiliaria El Vergel y ¡oh sorpresa! nos encontramos con el nombre de un profesional que tramitó en la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes un permiso de anteproyecto para, previa demolición de un Jardín Infantil, construir un edificio en un terreno cuyo propietario era ¡otra sorpresa! la Contraloría General de la República. Obviamente el permiso fue otorgado a la institución pública propietaria del inmueble. Pero, por estas cosas curiosas de la vida, ese permiso fue otorgado un 28 de diciembre, es decir, el día de la celebración de los Santos Inocentes y ante tal surrealista escenario, el viernes recién pasado le formulamos por escrito a Ramiro Mendoza, titular del órgano fiscalizador, las siguientes preguntas : 1) Qué razón de peso existió para que ese permiso de anteproyecto fuera solicitado por la Contraloría, a sabiendas que el negocio inmobiliario era del comprador del terreno. 2) Si el particular que tramitó ese acto administrativo era el mismo que figura como socio de la Inmobiliaria El Vergel. 3) Si la Contraloría vendió a la empresa constructora vía trato directo o llamó a una licitación pública. 4) Cuál fue el precio de venta del terreno y en qué fecha fue inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 5) Si el precio de la transacción por m2 corresponde a los precios de mercado en la fecha en que se produjo la operación comercial. Conociendo los altos estándares de probidad y transparencia que tiene la Contraloría, estamos seguros que en breve plazo nos contestará y así se dilucidará esta curiosa negociación entre un organismo del Estado y un particular bien relacionado. En resumen, estamos ante 2 situaciones embarazosas, la que conocimos por CNN y la que hemos relatado en esta columna : ahora esperamos que la Corte Suprema y la Contraloría aclaren lo sucedido, adoptando enérgicas decisiones para evitar la repetición de esas prácticas.