Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en diario La Nación el 31 de agosto 2010. En la edición del sábado 21 de agosto de La Tercera se publicó, a página completa, el reportaje “Comunidad Ecológica enfrenta nuevo conflicto por cambio de plan regulador”, donde se dice que los residentes de esa tradicional comunidad se están organizando para evitar el cambio de uso de suelo contemplado en el estudio del nuevo Plan Regulador de Peñalolén. Quien realiza la propuesta modificatoria es la consultora PAC, que lidera el arquitecto y sociólogo Daniel Jadue y en la noticia se graficó la infografía correspondiente al sector, donde se aprecian con claridad las dos franjas de terrenos que cambiarían sus destinos y normas de edificación. En una de ellas se pretende aumentar la densidad habitacional vigente de 50 habitantes por hectárea a 250 habitantes por hectárea, con predios de 500 metros cuadrados como mínimo y en la otra se incorporarían todo tipo de equipamientos comerciales con una densidad de 80 habitantes por hectárea, lo que es resistido con fuerza y sólidos argumentos por los vecinos, porque ello significaría cambiar radicalmente las reglas del juego fijadas de 1999 en un plan seccional, denominado ampliación del límite urbano, elaborado por la arquitecta Ximena Bórquez, de la consultora Bórquez y Burr. En este instrumento normativo, publicado en el Diario Oficial del 25 de septiembre de 1999, se establecieron densidades máximas de 25 y 50 habitantes por hectárea, según las características de sus frágiles suelos y en su artículo 7º se ordenó perentoriamente la protección de todas las especies vegetales existentes en su perímetro. Este ordenamiento urbano se estableció sobre la base de los servicios ambientales que el sector presta a la comuna y -digámoslo con claridad- a la propia ciudad de Santiago. Según el Ministerio de Obras Públicas, de las siete quebradas prioritarias por su comportamiento hidráulico en la región, tres de ellas están conectadas con esa comunidad. Ahora bien, este territorio protegido por la institucionalidad está localizado en la parte alta de esa comuna, en el pie de monte precordillerano, entre las calles Antupirén por el norte, Los Presidentes por el sur y Avenida Las Perdices por el poniente; al oriente, se extiende desde Álvaro Casanova proyectándose hacia la cordillera. Desde hace unos 35 años, ahí viven rústicamente en 270 hectáreas, casi todos en casas de adobe o de madera, más de 350 familias que privilegian los valores de la naturaleza sobre las comodidades de la llamada modernidad. Son copropietarios organizados en 22 parcelas en régimen contractual de derechos, lo que les impide subdividir los predios para disponer de roles individuales, pero a pesar de ello igual pagan contribuciones de bienes raíces por sus viviendas, mayoritariamente construidas por ellos mismos. El agua la obtienen del canal Lo Hermida, y como son solidarios tienen un buen sistema autogestionado para la provisión de los servicios básicos dentro de la comunidad. Las actuales densidades habitacionales permiten un uso de suelo compatible con una visión urbana ambientalista y sustentable, con aportes concretos en la prevención de escorrentías de aguas lluvia, ventilación de la cuenca de Santiago y preservación de flora y fauna precordilleranas y por ello sus moradores están alertas por el riesgo del cambio anunciado. Afortunadamente para éstos, hace un poco más de seis años, exactamente el 4 de marzo de 2004, se firmó un protocolo de intenciones, entendimiento y buena voluntad, cuyos signatarios eran Jaime Ravinet, ministro de Vivienda y Urbanismo de la época; Carlos Alarcón, en su condición de alcalde de Peñalolén, los representantes de las inmobiliarias Casa Grande, ligada en aquel entonces con el Presidente Sebastián Piñera, y Crillón, de los dueños de la Villa Cousiño Macul, el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, situada más al oriente, y dirigentes vecinales, donde se estableció, con todas las formalidades de rigor, que sólo en dos sectores del perímetro de la comunidad ecológica se iba a aumentar la densidad, lo que ya ocurrió. Se trataba de las parcelas 2 y 12, en las cuales la densidad se aumentó a 100 habitantes por hectárea, para que esas conocidas empresas pudieran desarrollar proyectos inmobiliarios de alto precio. En razón de lo anterior, los dirigentes de la Comunidad Ecológica, el 21 de julio entregaron una carta a Magdalena Matte, ministra de Vivienda y Urbanismo, en la cual, describiendo el riesgo latente que están viviendo, solicitaron su intervención para que se respetara el mencionado protocolo. En paralelo tomaron contacto con nuestra fundación y allí les expresamos que podían estar muy tranquilos porque en Chile, país recién admitido en la conspicua Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), no se violan los acuerdos, más aún cuando han sido suscritos por ministros de Estado y alcaldes. Les aseguramos que la palabra empeñada en un acto tan solemne se tenía que honrar, y aunque no conocemos la respuesta de la ministra, estamos seguros de que Claudio Orrego, vicepresidente recién elegido en la votación del domingo de la Democracia Cristiana, sabrá enaltecer la palabra de su ex camarada Jaime Ravinet, hoy ministro de Defensa, y de Carlos Alarcón, ex alcalde de Peñalolén y actual director de Obras de la Municipalidad de Las Condes. Recordemos que la lista ganadora que encabezaba el senador Ignacio Walker se llamaba Movimiento Amplio por la Renovación y ante el desafío que se le plantea al carismático Orrego en relación con la Comunidad Ecológica, tenemos la percepción de que, como alcalde de Peñalolén, se comportará a la altura de los acontecimientos, respetando las actuales normas contenidas en el instrumento de planificación territorial para esa hermosa zona residencial de baja densidad. Tenemos una buena opinión de Orrego y en tal sentido, él debería proceder como un “príncipe” en la política.