26 Noviembre 2009

Increíble, pero cierto

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 26 de noviembre de 2009.

Columna de opinión de Patricio Herman de la Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 26 de noviembre de 2009. En agosto de 1989, una profesora le compró en 2 millones de pesos al Banco Osorno y La Unión (hoy Banco Santander) un terreno de 800 metros cuadrados en la calle Marte sin número, una subdivisión de la parcela B El Milagro, en Rancagua. Hoy ese sector urbano se llama Villa Teniente II y en el Conservador de Bienes Raíces figura como titular la persona que tuvo la mala idea de adquirir el predio tipificado como “equipamiento” en el Plan Regulador de Rancagua y como sitio eriazo por el SII y la Tesorería General de la República. La señora, hoy jubilada, había comprado el terreno para instalar un colegio y en 1990 contrató a un arquitecto para hacer los planos. Pero el proyecto se vio truncado porque la junta de vecinos del sector, de modo equivocado, sostenía que el predio no admitía tal equipamiento, sino que era tan sólo para área verde. Esos antiguos dirigentes vecinales no querían que se edificara el establecimiento educacional porque temían por los eventuales trastornos y ruidos que iban a producir los alumnos. Los dirigentes vecinales de entonces, aplicando los hechos consumados y con el consentimiento de la autoridad municipal, contrataron jardineros para materializar el área verde, hoy una plazoleta con diferentes especies arbóreas. La municipalidad, coludida con los cabecillas de la junta vecinal, incluso pagaba el agua para regar la vegetación. Está claro que esta área verde consolidada y en los hechos de carácter público entrega externalidades positivas a la comunidad. Es una fuente de oxigenación y ayuda al ornato del barrio, pero no podemos olvidar que fue tomada ilegalmente por una junta de vecinos que excedió sus atribuciones. Esto ha causado un perjuicio económico de proporciones a la dueña del sitio. Aunque el lector no lo crea, ha pagado religiosamente las contribuciones de bienes raíces que cobra el SII. Al año, esta persona vulnerada en su derecho de propiedad, paga 300 mil pesos: ha desembolsado 6 millones de pesos en los 20 años que no ha ejercido su dominio sobre el sitio. Las jubilaciones de los profesores son exiguas, de modo que ella debe hacer esfuerzos tremendos para pagar. Este sucinto relato debe hacer recapacitar a las autoridades de la Municipalidad de Rancagua, más si sabemos que los nuevos dirigentes de la junta vecinal comparten el justo reclamo de la dueña del sitio, lo que ha quedado establecido en carta del 3 de octubre de 2008 dirigida al alcalde, la que no mereció respuesta pese a su razonable planteamiento: pedían que con recursos municipales se comprara el predio a su dueña para mantener el área verde recreativa. Que sirva esta columna para recordar al Concejo Municipal de Rancagua, en especial a su alcalde, el UDI Eduardo Soto, que el derecho de propiedad de los más débiles se debe respetar. Si el edil, por los motivos que sean, no se da por aludido, esperamos que Edison Ortiz, activo concejal PS pro Marco Enríquez-Ominami, tomará cartas para que se ponga en tabla de una próxima sesión esta vergonzosa situación. Esperamos que después de la segunda vuelta presidencial, con un nuevo Mandatario, la situación ilegal en Rancagua se resolverá a favor de la retirada docente, violada en sus derechos desde hace cuatro lustros.



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