Defendamos la ciudad

Columna de opinión de Patricio Herman de Fundación Defendamos la Ciudad, publicada en La Nación el 23 de octubre de 2008. Ochenta por ciento de las viviendas que se construyen están calificadas como DFL2 y como los beneficios están dirigidos a la industria, hay particulares que poseen decenas de ellas y sociedades inmobiliarias sin aportar impuestos por sus rentas. A raíz de la crisis financiera internacional generada por aquellos operadores de dinero virtual, que en Wall Street inventaron ciertos títulos de dudoso valor, papelillos que se transaban en el mercado y resultaron ser unos simples bodrios, se ha producido una estampida de reacciones negativas, y como ha cundido la desconfianza en el mundo estamos sumidos en una fuerte iliquidez que, de una u otra manera, nos afecta a todos, incluso al blindado Chile, a aquellos que tenían por norte sólo acumular capital aunque fuera sin respaldo. Los pronósticos en nuestro país son malos en materia de inflación, crecimiento y empleo, y por ello debemos apretarnos el cinturón pese a las medidas de ayuda crediticia a los bancos comerciales decididas por el Gobierno para que así ellos puedan atender a sus clientes. La bolsa está errática y lo anterior pasó porque en Estados Unidos, fuente del desorden, se puede hacer todo lo que no está prohibido y esos elegantes hombres de negocios, aprovechándose del laissez faire, jugaron a la especulación con documentos que tenían una serie de nombres rimbombantes y deudores insolventes. La idea era ganar ilimitadamente con las comisiones de las transacciones hasta que llegó la verdad. En medio del caos, apareció la Cámara Chilena de la Construcción proponiéndole al Gobierno cinco iniciativas tributarias que beneficiarían a sus socios. Para justificar su petición argumentaron que ese sector representa 6,8% del PIB nacional y genera miles de puestos de trabajo. Para ablandar más a los que deciden en Hacienda recordaron que son motores de la economía, aun cuando no dijeron que por muchos años han lucrado en exceso, entre otras razones por los distintos subsidios y franquicias que el Estado les ha otorgado. ¿Qué desean? Permitir que los dividendos hipotecarios por compras de viviendas nuevas DFL2 puedan ser deducidos de la base imponible del impuesto a la renta. Otorgar un subsidio de 200 UF a todas las personas que tengan un ahorro previo y que aspiren a comprar una vivienda de hasta cierto valor. Que BancoEstado mantenga las condiciones preacordadas en las solicitudes de crédito de sus clientes. Extender la aplicación del seguro de no pago a viviendas de hasta dos mil UF. Postergar la entrada en vigencia de los nuevos límites al crédito especial de IVA a la construcción de viviendas. La única medida razonable es la tercera, que es de fácil implementación y de respeto hacia quienes ya habían acordado un crédito con ese banco. En cambio la primera y la quinta propuesta son francamente absurdas, hasta burlescas. Debemos tener presente que los propietarios de inmuebles DFL2, legales o ilegales, no tributan ni un peso por las rentas que generan por sus ganancias y pagan montos reducidos por las contribuciones de bienes raíces. Ochenta por ciento de las viviendas que se construyen están calificadas como DFL2 y como los beneficios actuales están dirigidos a las construcciones -es decir, a la industria- hay algunos particulares que poseen decenas de ellas y muchas sociedades inmobiliarias y de inversión tienen cientos, sin aportar impuestos por sus rentas. Distinto sería si la franquicia fuera para los dueños que residen en sus viviendas, en los términos que hemos propuesto en la columna "Subsidio a la demanda" (La Nación, 26/03/2008). Como en pedir no hay engaño, cuatro de estas peticiones sectoriales son improcedentes, celebramos que haya salido una voz de cordura: transcribimos las palabras del ministro de Economía, Hugo Lavados: "No se privilegiará a este sector por sobre el resto, ya que se necesita una respuesta integrada a la crisis". Es destacable la posición de ese ministro que no acepta trajes a medida y aunque la ministra de Vivienda, Patricia Poblete, todavía no se pronuncia al respecto, suponemos que opinará en iguales términos, porque nuestro país, en esta hora de desbarajuste no puede aceptar los impulsos de una asociación gremial reconocida como dominadora en la hora de las decisiones.