Defendamos la ciudad

Columna de Patricio Herman, publicada en El Periodista La Plaza Paraguay, bien nacional de uso público, localizada en la Av. Américo Vespucio Sur, en donde remata el Parque Presidente Errázuriz, comuna de Las Condes, hoy en día acoge a 2 espigadas torres de viviendas porque las autoridades municipales hicieron caso omiso de una instrucción recibida del Seremi de Bienes Nacionales, en donde se les obligaba a respetar la calidad de bien público de esa imponente área verde. Una inmobiliaria bien relacionada con el alcalde se las arregló para que la Dirección de Obras le otorgara un permiso de edificación, lo que originó el airado y justificado reclamo de los vecinos, los cuales nunca fueron escuchados por las autoridades locales y por ello tuvieron que recurrir a la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, entidad que tiene el control superior de estos bienes, según lo establece el Decreto Ley Nº 1.939. Este servicio público por escrito le aclaró a esa municipalidad que el área verde en cuestión era un bien público que tenía que ser preservado como tal, pero como en Chile mandan los que tienen el poder económico, la inmobiliaria contando con la ayuda municipal igual construyó sus edificios, configurándose así un nuevo hecho irregular consumado. Ahora bien, en días recientes alertados por una vecina, constatamos que varias decenas de particulares se adueñaron de todo el sector sur de la calle California, entre la Av. Pedro Valdivia y la calle Andacollo, comuna de Providencia. En efecto, por falta de fiscalización, los bienes públicos platabandas (áreas verdes) y veredas en toda la extensión (120 metros) de esa calle se transformaron por arte de magia en una cantidad indeterminada de estacionamientos privados, incluso algunos techados (sic). Le informamos a algunos miembros del Concejo Municipal acerca de lo que estaba aconteciendo y una concejala le preguntó al Director de Obras qué podía decir al respecto : le respondió que no sabía nada de ello y que incluso tampoco conocía la calle California. Esos particulares llegaron al exceso de delimitar “sus” espacios con pintura amarilla y los más patudos construyeron cobertizos para que los automóviles no sufrieran las inclemencias del tiempo : es muy incómodo subirse al vehículo con un sol radiante y cuando la lluvia arrecia. Las municipalidades son meras administradoras de los bienes nacionales de uso público y según el artículo 164 de la Ley Nº 18.290 del Tránsito, en casos muy calificados, pueden autorizar en las calles estacionamientos reservados, los que podrán ser ocupados también por cualquier otro vehículo, siempre que su conductor permanezca en él, a fin de retirarlo cuando llegue el vehículo que goza de la reserva. El sentido común y el recto ejercicio de la probidad administrativa indican que los municipios podrán darle facilidades de estacionamiento en las calles a ciertos agentes públicos y a actores privados que cumplan con funciones de ayuda a la comunidad. Es racional y necesario que una embajada, un ministro de Estado, incluso un alcalde, el Director de Carabineros, una clínica privada, etc. se vean beneficiados con los acuerdos que adopten los municipios para que sus vehículos puedan ocupar a lo más uno o dos espacios de bienes públicos. Dada la tolerancia municipal, esperamos que la ministra del ramo ordene la restitución de esos bienes para que no se repita el affaire de Las Condes.